El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, afirmando que quienes la critican son los responsables de su fracaso. Sostuvo que la propuesta busca destrabar el estancamiento del empleo formal y reordenar una relación laboral que, según el oficialismo, quedó atada a rigideces y privilegios de intermediación durante años. En una entrevista difundida este lunes, Menem se mostró confiado en que la norma será sancionada definitivamente a corto plazo y anticipó que el Poder Ejecutivo podría promulgarla tras el tratamiento final. La discusión de las últimas semanas reveló un punto sensible del proyecto: artículos sobre licencias y cobertura por enfermedad o accidente, que generaron resistencia y forzaron cambios, afectando los tiempos parlamentarios y las negociaciones con el Senado. Menem defendió especialmente la mayor flexibilidad para acuerdos entre empresa y trabajador, con herramientas como el 'banco de horas', que permite compensar jornadas extensas con descansos o horarios reducidos, dentro de topes legales. El oficialismo insiste en que la clave es ampliar el margen de acuerdo entre partes, mientras los críticos señalan riesgos de presión asimétrica en sectores con baja capacidad de negociación. El presidente de Diputados también afirmó que la reforma redistribuye poder en las relaciones laborales, quitando influencia a intermediarios y estableciendo límites al sindicalismo en ciertos mecanismos de financiamiento. En el entorno libertario se sostiene que la reforma es el corazón del programa económico y que, una vez aprobada, enviará señales positivas a la inversión y el mercado. El argumento oficial es que la apertura y la reducción de distorsiones pueden recomponer el consumo y la productividad; desde la industria, en cambio, se advierte sobre el impacto en el empleo local y las cadenas de valor. En el cierre, Menem vinculó la reforma con futuros objetivos legislativos, como acuerdos comerciales y una futura baja de impuestos. Insistió en que el efecto será positivo: 'Habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados', y pidió al sindicalismo que vea la reforma como una oportunidad de crecimiento. La semana política definirá si el oficialismo logra sostener su mayoría para que la reforma se convierta en ley o si, por el contrario, el Gobierno choca con sus límites parlamentarios. Menem reiteró su rechazo a las medidas de fuerza, asegurando que una huelga podría tener un impacto económico de cientos de millones de dólares. Explicó que la estrategia legislativa fue avanzar por capítulos para no bloquear todo el proyecto por puntos de desacuerdo. Defendió una mayor competencia como mecanismo para liberar ingreso disponible y reactivar otros sectores. Su mensaje combinó convicción con un llamado a la paciencia: 'No se reconstruye en dos años lo destruido en décadas', dijo, y destacó que la estabilización macroeconómica es el primer paso para que el resto del programa mejore. Diferentes análisis públicos han destacado los topes a las 'cuotas solidarias' y restricciones a ciertos aportes, un punto que el Gobierno presenta como parte del reequilibrio, pero que los gremios consideran un recorte a sus herramientas de sostenimiento. Para ejemplificar su enfoque económico, Menem citó el caso de FATE y criticó las industrias sostenidas por 'protección política'. En la recta final de las Sesiones Extraordinarias, Menem salió a blindar el proyecto de 'Modernización Laboral' y a marcar una línea política clara frente a las críticas gremiales y de la oposición. Presentó la reforma como una solución práctica para conciliar la producción con la vida personal: 'Si necesitás un fin de semana libre, lo acordás con el empleador y trabajás algunas horas más en otros días', explicó. El titular de la Cámara Baja destacó el 'alcance inédito' de la reforma y subrayó que el objetivo es una economía con más empleo registrado y reglas más claras para la contratación. Uno de los ejes de su mensaje fue desarmar el argumento de que el paquete debilitaría a los sindicatos, afirmando que la metodología utilizada permitió conservar el núcleo de la reforma y absorber correcciones de los bloques dialogistas.
