La movilización de estos sectores civiles y militares representa un desafío a la política de memoria, verdad y justicia que ha caracterizado a la democracia argentina, planteando una revisión profunda de la historia reciente y de las responsabilidades penales derivadas del genocidio.
La activación de este debate en los pasillos del poder marca un giro en la forma en que los grupos vinculados a las fuerzas armadas interactúan con el Estado. De forma subsidiaria, el texto sugiere la implementación de decretos de indulto o la conmutación de penas, basándose en una interpretación técnica de la Constitución Nacional y en jurisprudencia comparada, mencionando casos internacionales donde se aplicaron medidas de clemencia para cerrar conflictos internos prolongados.
Ley de amnistía y plan de exterminio
Este movimiento político surge en un contexto donde Argentina ha sido reconocida mundialmente por el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Un grupo conformado por civiles y militares puso en marcha una ofensiva política de carácter estrictamente reservado con el firme objetivo de reinstalar en la agenda pública la posibilidad de una amnistía o indulto para los responsables de crímenes cometidos durante la década de 1970.
Según consigna una investigación del sitio de noticias Realpolitik, la propuesta fue presentada formalmente ante la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa, sustentada en un complejo andamiaje jurídico que busca revertir el consenso alcanzado en materia de derechos humanos desde la recuperación democrática. La iniciativa cobró visibilidad, cuando la abogada Emma Corazza presentó el petitorio ante Silvia Ibarzábal, funcionaria de la cartera de Defensa. La letrada actuó en representación de agrupaciones como Pañuelos Negros y el Grupo Patuso, integradas por familiares y allegados a las fuerzas armadas.
El núcleo del reclamo propone al Poder Ejecutivo el impulso de una Ley de Amnistía que alcance tanto a militares como a exguerrilleros, invocando facultades del Congreso Nacional. Aquel proceso represivo, calificado judicialmente como genocidio por diversos tribunales federales, dejó una herida profunda en el tejido social que la actual presentación intenta clausurar definitivamente. La argumentación técnica de los solicitantes evita las consignas callejeras y se refugia en la doctrina de constitucionalistas de gran trayectoria histórica.
La presentación detalla la situación sanitaria de los detenidos que superan los ochenta años de edad y critica la denegación sistemática de las prisiones domiciliarias. El escrito advierte sobre el fallecimiento de casi mil personas en prisión bajo estas condiciones, utilizando este dato para justificar la urgencia de una medida excepcional que traslade el eje desde la justicia penal hacia la clemencia institucional.
Proyecto de ley o decreto de amnistía
La elección estratégica del momento para presentar este expediente coincide con un clima político donde el Poder Ejecutivo Nacional ha cuestionado abiertamente ciertos pilares de la política de derechos humanos de las últimas décadas. La propuesta no se presenta como un reclamo aislado, sino como una “herramienta técnica lista para ser ejecutada por la Presidencia”, ofreciendo un menú de opciones legales que van desde el proyecto legislativo hasta el decreto directo, buscando incidir en la agenda oficial de manera inmediata.
Hasta el momento, las autoridades nacionales han mantenido un estricto silencio frente al ingreso formal de este pedido, aunque el expediente ya se encuentra en proceso de revisión dentro de las áreas competentes. Para este sector, el paso del tiempo y las nuevas condiciones políticas del país ofrecen un escenario propicio para lo que denominan una “reconciliación nacional”, equiparando la responsabilidad estatal con la de las organizaciones civiles de la época.
Un punto central de la presión ejercida sobre el gobierno es el factor humanitario. El documento, que ya había sido ingresado por la Mesa de Entradas de la presidencia de la Nación, solicita una intervención directa de Javier Milei para resolver la situación procesal y penitenciaria de militares y exintegrantes de fuerzas de seguridad. Como advierte la fuente Realpolitik, el reclamo ha dejado de ser una expresión testimonial para convertirse en una presión política organizada que busca, mediante la doctrina constitucional, un cierre definitivo a las causas judiciales por los hechos ocurridos hace medio siglo.
Sostienen que la carta magna no prohíbe de manera explícita la amnistía para estos casos y plantean una jerarquía legal donde el texto constitucional prevalece sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Este razonamiento busca quebrar el principio de imprescriptibilidad que rige sobre los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado en el país.
El documento también incorpora un lenguaje cargado de simbolismo religioso y apelaciones a la unidad nacional. Los autores mencionan la necesidad de alcanzar “una paz interior y el bienestar general”, términos extraídos directamente del preámbulo constitucional, y sitúan su pedido bajo la protección de una “autoridad moral superior”. Durante la dictadura militar iniciada en 1976, el Estado implementó un plan sistemático de exterminio que incluyó la desaparición forzada de personas, el robo de bebés y la instalación de centros clandestinos de detención.
