El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), Demian Reidel, quedó en el centro de una fuerte controversia institucional tras una serie de denuncias internas y presentaciones judiciales que apuntan a presuntas irregularidades en procesos de contratación, con eje en una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha que habría implicado un sobreprecio superior al 140% respecto de los valores vigentes y de antecedentes recientes. La licitación cuestionada corresponde a un servicio considerado crítico, ya que se desarrolla en áreas sensibles con riesgo radiológico dentro de las centrales Atucha I y II. En ese escrito advirtió sobre presiones internas para modificar informes técnicos ya emitidos, pedidos explícitos para “justificar” económicamente ofertas más caras e intervenciones de áreas sin competencia directa en la evaluación del servicio. Dentro del oficialismo libertario es visto como un funcionario de alto perfil técnico, con fuerte impronta ideológica e influencia directa en áreas estratégicas del Estado, especialmente en el sector energético y nuclear. La decisión dejó al descubierto una profunda interna en la conducción de la empresa y debilitó la posición del presidente de NASA. Tras la difusión interna del contenido de esa presentación, el directorio de Nucleoeléctrica resolvió frenar el proceso licitatorio y apartar preventivamente de sus funciones al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos designados durante la gestión de Reidel y considerados funcionarios de su máxima confianza. Las denuncias adquieren mayor sensibilidad política en momentos en que el Gobierno impulsa un proceso de reorganización del sector energético y analiza la apertura del capital de Nucleoeléctrica a inversores privados. También dejó constancia de llamados reiterados con carácter de urgencia que, según su denuncia, buscaban torcer el sentido de los dictámenes técnicos. Su silencio, lejos de disipar las dudas, alimenta el clima de tensión interna y mantiene abierto un conflicto que amenaza con escalar tanto en el plano judicial como político, con derivaciones todavía difíciles de dimensionar. Las tres empresas presentaron ofertas considerablemente superiores a los valores históricos del servicio y al contrato entonces vigente. Según la documentación interna que circuló en la empresa y fue incorporada a expedientes administrativos, el proceso presentó modificaciones en los requisitos de admisibilidad, plazos de presentación acotados y criterios técnicos que redujeron de manera significativa la competencia real entre oferentes. De un total de nueve empresas que inicialmente manifestaron interés, solo dos superaron la evaluación técnica preliminar: LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales. De haberse concretado la adjudicación, el impacto económico habría sido significativo para una compañía estratégica del Estado. El conflicto escaló cuando el gerente de planta de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación formal ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica. Antes de que este conflicto tomara estado público, la firma Distribón SRL ya había acudido a la Justicia Federal para impugnar otra licitación de servicios de limpieza de NASA, denunciando presunto direccionamiento, exigencias que calificó como arbitrarias y plazos imposibles de cumplir para servicios de alta complejidad técnica. Demian Reidel, economista y físico, tuvo un paso relevante por el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger y se consolidó en los últimos años como uno de los asesores económicos más cercanos al presidente Javier Milei. Ese marco, las sospechas de sobreprecios y direccionamiento no solo comprometen a la conducción de la empresa, sino que también reavivan el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en compañías consideradas estratégicas para el país. Hasta el momento, Reidel no realizó declaraciones públicas para responder a los señalamientos. Dentro de ese escenario, LX Argentina quedó posicionada como la eventual adjudicataria al haber presentado la oferta más baja del grupo, aunque igualmente con un precio que, según la denuncia interna, superaba en al menos un 140% el costo que la empresa estatal estaba pagando hasta ese momento.
