El corazón narrativo del libro y del sitio organizado por Lucas Apa consiste en afirmar que, detrás de lo que durante décadas se trató como una verdad cerrada, existen irregularidades sistemáticas, omisiones de control y documentos que, según sus autores, nunca fueron auditados en serio por el propio Estado. Ahí es donde la obra de Jorge Norberto Apa y la actualización hecha por su nieto pretenden golpear más fuerte: no sólo discuten cantidades, sino también la calidad y confiabilidad del sistema que alimentó reparaciones, juicios, registros y memoriales durante décadas. Otro bloque central de la investigación apunta a la depuración de casos. Sobre ese andamiaje, el libro de Apa y su reedición investigativa afirman que la cifra simbólica de 30.000 nunca tuvo correlato en los listados oficiales del propio Estado, y que allí aparece una primera fractura entre el relato político y la documentación disponible. El punto más explosivo del trabajo es el referido a las identidades falsas. Lucas Apa sostiene haber encontrado 858 DNIs falsos únicos entre las bases de CONADEP y RUVTE, entendiendo por tales aquellos documentos que, al cruzarse con otras fuentes, corresponderían a personas distintas de las registradas como desaparecidas. (RE) Jorge Norberto Apa Ferraro, volvió a ganar centralidad pública a partir de la ampliación tecnológica realizada por su nieto, Lucas Apa, quien tomó aquella base artesanal armada durante una década y la convirtió en una investigación digital de alto voltaje político y documental. Desde la perspectiva de sus autores, ya no se trata sólo de una discusión ideológica, sino de una auditoría técnica contra bases estatales, memoriales, indemnizaciones y registros heredados del aparato de derechos humanos. El libro documenta asesinados, heridos, secuestrados y atentados, y lo usa para cuestionar de raíz el relato que, a juicio de sus autores, instaló una visión parcial del conflicto argentino de los años setenta. Para el debate público argentino, en cualquier caso, el libro y su actualización digital ya quedaron instalados como un desafío frontal a la versión oficial consolidada durante cuatro décadas. Fuentes consultadas: Industria Hacker, Ministerio de Justicia de la Nación, Portal de Datos Justicia Argentina, Infoleg, Argentina.gob.ar, Amazon, Libreria Usados. Son números de enorme gravedad política e institucional, aunque conviene subrayar que, según las fuentes públicas consultadas para este cable, esas conclusiones pertenecen al trabajo de Apa y no surgen de una auditoría oficial integral ya concluida por el Estado. La Ley 24.411, en efecto, existe y establece una indemnización para herederos de fallecidos o causahabientes del desaparecido por el accionar del terrorismo de Estado, dentro del régimen reparatorio argentino. Es uno de los puntos donde el trabajo se vuelve más abiertamente revisionista y donde el proyecto toma distancia del consenso construido por organismos de derechos humanos y por buena parte de la narrativa estatal posterior a 1983. En términos políticos, el valor del libro y del sitio que organiza Lucas Apa reside precisamente en eso: no se presenta como una simple provocación, sino como una ofensiva documental contra uno de los núcleos simbólicos más protegidos de la democracia argentina. Según el material difundido por el proyecto, la base consolidada reúne 23.472 registros y fue contrastada con nueve fuentes oficiales o públicas, entre ellas la CONADEP, el RUVTE, bases fiscales, financieras, resoluciones reparatorias y sentencias judiciales. Allí aparece otra de las denuncias fuertes del trabajo: la existencia de 152 resoluciones en lote con anexos ocultos o no accesibles públicamente, junto con 7 pedidos de acceso a la información presentados en 2026 sin respuesta dentro del plazo legal. Lo indiscutible es que el trabajo de Jorge Norberto Apa, retomado y amplificado por Lucas Apa, consiguió reabrir una discusión que durante años parecía clausurada. El cable debe registrar, por último, que el sitio del proyecto organizado por Lucas Apa concentra la expansión metodológica de la obra de su abuelo: allí se ordenan los números, la depuración de registros, el detalle de los DNIs cuestionados, la revisión de indemnizaciones, la distribución temporal de los casos y la publicación de datos y scripts que el equipo presenta como reproducibles. Ese recorte temporal es uno de los puntos con los que el libro busca desmontar la narrativa más extendida sobre magnitud y cronología del fenómeno represivo, ya que también destaca que el registro vigente contiene más de mil casos fechados antes del golpe militar. La obra también dedica un tramo importante al análisis de las indemnizaciones y de la falta de transparencia documental. El sitio oficial del Estado la presenta precisamente como una reparación patrimonial por desaparición forzada o fallecimiento vinculado al terrorismo de Estado. Desde la mirada de sus críticos, en cambio, se trata de una revisión profundamente controvertida que desafía consensos históricos muy sensibles. El trabajo original del militar retirado fue publicado en 2017, con edición de Edivern, y hoy es presentado por la familia y por el entorno de Industria Hacker como el punto de partida de una revisión mucho más ambiciosa sobre los registros oficiales de desaparecidos, indemnizaciones y memoriales construidos en torno a la represión ilegal en la Argentina. Eje de esa nueva etapa es claro: donde Jorge Norberto Apa había trabajado durante años con planillas, padrones y bibliografía impresa, Lucas Apa sostiene haber escalado esa pesquisa mediante cruces automatizados con inteligencia artificial y verificación contra fuentes estatales vigentes. Allí Jorge Norberto Apa y Lucas Apa cruzan su investigación con estadísticas del CELTYV para remarcar que también hubo víctimas de organizaciones guerrilleras y que esas familias no recibieron un reconocimiento reparatorio equivalente. Esa tesis, por supuesto, es parte del núcleo acusatorio del proyecto y no figura en las fuentes oficiales como una admisión estatal, pero explica por qué el sitio insiste tanto en reclamar apertura de datos, anexos completos y validación con RENAPER. Hay además un capítulo con fuerte carga ideológica e histórica: el de “las otras víctimas”. Más todavía: al filtrar específicamente el período del gobierno militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, el proyecto sostiene que quedarían 3.918 denuncias sin irregularidades en CONADEP 2006 y 5.217 en el RUVTE. Por eso, el aspecto más delicado del libro no es la existencia de esas leyes, sino la acusación de que habrían sido abonadas en parte sobre identidades mal cargadas, duplicadas o directamente falsas. Para quienes comparten esa tesis, se trata de una pieza clave para desmontar lo que describen como las presuntas estafas alrededor de los supuestos desaparecidos y del relato construido por la izquierda y por organismos de derechos humanos. Según el sitio del proyecto, sólo una porción menor del universo total de expedientes de la Ley 24.411 pudo verificarse nominalmente porque buena parte de los beneficiarios figuran en anexos no publicados de resoluciones del Ministerio de Justicia. Buenos Aires, 14 de abril de 2026 - Total News Agency - TNA - El libro “Al gran fraude argentino ¡Salud!”, del Grl. Lo curioso, al margen de la falsedad historica y estafas cometidas, es que ningun gobierno posterior al kirchnerismo, como organizador, quiso investigar esta denuncia. La investigación se apoya, primero, en una revisión de las tres grandes versiones estatales del universo de denunciados y víctimas: la edición original de CONADEP de 1984, con 8.960 denuncias; la reedición de 2006, que redujo el total a 7.146 tras eliminar e incorporar registros; y el RUVTE, el registro oficial vigente del Ministerio de Justicia, que presenta víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino entre 1966 y 1983 y funciona además como referencia para trámites y políticas reparatorias. Sobre la reedición CONADEP 2006, el trabajo afirma haber identificado 3.191 “deducciones” o irregularidades, lo que dejaría 3.955 desapariciones “sin irregularidades detectadas”. El mensaje político de Lucas Apa es tan lineal como contundente: el Estado paga con fondos públicos, pero no exhibe de manera completa a quién le paga ni con qué trazabilidad. De acuerdo con esa reconstrucción, 493 de esos DNIs seguirían activos hoy dentro del RUVTE y al menos 193 habrían sido utilizados para cobrar indemnizaciones previstas en la Ley 24.411, por un monto superior a los 31 millones de dólares en los casos efectivamente verificados por el proyecto. En el RUVTE, el cálculo proyectado por el sitio arroja 2.500 irregularidades detectadas y 6.132 registros sin observaciones de ese tipo. El proyecto afirma que todo está abierto, descargable y reproducible, y que la inteligencia artificial permitió hacer en meses lo que durante años exigía trabajo manual.
