Pierden las generaciones futuras. Quienes hacen posible esta reforma son los partidos que votan contra el derecho al agua y de espaldas al pueblo: La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los peronismos provinciales y legisladores de Provincias Unidas e Innovación Federal. Antecedente: Argentina sancionó en 2010 la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección para el ambiente glaciar y periglaciar, como “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Son asambleas, organizaciones, pueblos originarios, ciudadanos y ciudadanas que quisieron llevar su voz al Congreso para oponerse a la nueva ley. Quienes pierden son las poblaciones que ya sufren la crisis hídrica que genera el uso de miles de litros de agua por parte de las mineras. A nivel global, estos ecosistemas reúnen el 70 por ciento de las reservas de agua dulce. La actual ley de glaciares prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural o sus funciones hídricas. También desconoce la Constitución, que deja en manos del Estado nacional dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental. De aprobarse esta modificación, se habilitarán actividades como la megaminería en esos ecosistemas. La reforma de la Ley deja la definición de qué es una “reserva estratégica de recursos hídricos” en manos de los gobernadores, que son al mismo tiempo aliados de las empresas mineras. En particular, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en zonas de ambiente periglacial. Los glaciares de Argentina están ubicados a lo largo de 5.000 kilómetros, en la Cordillera de los Andes, presentes en doce provincias. Aún así, el gobierno nacional y sus aliados priorizan a un puñado de multinacionales mineras. La reforma no contempla la realización de estudios de impacto acumulativos. Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-glaciares/ Esta ley también establece el principio de progresividad en materia ambiental. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) es el organismo a cargo del monitoreo del estado de los glaciares. Con la reforma, las autoridades provinciales podrán ordenar al Ianigla la eliminación de glaciares de su Inventario Nacional de Glaciares. Son 16.968 cuerpos de hielo, que cubren una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados. Del agua proveniente de los glaciares dependen 1.800 localidades, en las que viven más de siete millones de personas. El Inventario Nacional de Glaciares en la región de los Andes Desérticos confirmó la reducción del hielo. Pese al deshielo provocado por el calentamiento global, el gobierno de Javier Milei y las provincias mineras impulsan la reforma de la Ley de Glaciares. Pierden localidades como Andalgalá, donde saben que la megaminería no es sinónimo de empleo y prosperidad. Pierden las 1.800 ciudades que verán mermado su acceso al agua. Además, se deja al país sin criterios comunes a nivel federal. La modificación contradice la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a dictar los “presupuestos mínimos” para preservarlo. Se deja en mano de las provincias los Estudios de Impacto Ambiental. Además: Se viola el Acuerdo de Escazú, ya que de más de 100.000 personas inscritas, el gobierno solo dejó participar a 200. Números concretos y hechos irrefutables confirman cómo el poder político decide sacrificar territorios y poblaciones. La reforma viola el derecho humano al agua, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quienes ganan con el desguace de la ley, además de los gobernadores mineros, son las multinacionales como Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, entre otras, que impulsan proyectos extractivos en áreas protegidas por la Ley de Glaciares. Alimentan a 39 cuencas hídricas. Foto: Depositphotos – Carolina J. Siete millones de personas dependen del agua de los glaciares. La Ley General de Ambiente ratifica ese manejo ambiental federal. Numerosas leyes protegen ese derecho humano. Por Agencia Tierra Viva. La reforma de la Ley de Glaciares es rechazada por todas las comunidades locales cercanas a proyectos mineros.
