Argentina vivió una movilización ciudadana sin precedentes en torno a un proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Tras su aprobación en el Senado, se llevó a cabo una audiencia pública que evitó que la iniciativa se aprobara con la celeridad que deseaba el gobierno nacional. Esto se logró mediante la presión de ciudadanos que ven con preocupación que la ley permite el paso de inversiones mineras, principalmente en zonas cordilleranas, a costa de vulnerar los ecosistemas donde nacen los principales cursos de agua dulce del país. Más de 102 mil personas se inscribieron para participar, pero los organizadores redujeron la actividad a solo dos días, imposibilitando que la inmensa mayoría pudiera hablar. De los pocos que expusieron, ninguno no tenía vinculación directa con el sector minero, mientras que en contra se manifestaron juristas, la Iglesia, científicos y un representante de la ONU. Este hecho constituye una clara violación del Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana en asuntos ambientales. Aun así, el récord de inscriptos demuestra el creciente poder del movimiento socioambiental y su capacidad para unir a la población en torno a causas comprensibles para todos, como la defensa del agua.
