El Gobierno de Argentina se prepara para declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) como organización terrorista e incorporarla al RePET, el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esta decisión fue presentada oficialmente como respuesta a una amenaza real o potencial para la seguridad nacional y se vincula con antecedentes judiciales argentinos que responsabilizan a Irán por atentados que marcaron la historia reciente del país. Desde el punto de vista práctico, la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el RePET no es un gesto simbólico menor. A esto se suma la convicción ideológica del Presidente: tolerancia cero con el antisemitismo, el terrorismo islamista y las redes que patrocinan violencia. Naturalmente, la medida puede abrir un nuevo foco de tensión diplomática. La decisión, presentada como inminente en la Casa Rosada, profundiza el alineamiento con Estados Unidos e Israel y consolida una línea política dura contra el régimen iraní. Esta medida no es aislada. En enero, la administración ya había declarado a la Fuerza Quds como terrorista. Para un gobierno que busca mostrar dureza frente al terrorismo, este punto es central. La decisión encaja en un contexto internacional que empuja en la misma dirección, con presiones de EE.UU. para que sus aliados hagan lo mismo. Con la Guardia Revolucionaria completa en la mira, el impacto político será mayor. La designación abre la puerta a controles reforzados sobre posibles vínculos financieros y logísticos con la estructura militar iraní. Permite a Milei afirmar un perfil internacional alineado con Washington y Jerusalén, enviando una señal clara en un momento de conflicto en Oriente Medio. Ya en enero, Irán rechazó las sanciones contra la Fuerza Quds y advirtió de una respuesta, lo que reforzó la idea en el oficialismo de pasar de condenas diplomáticas a herramientas concretas de sanción y cooperación. El movimiento argentino se apoya en una corriente occidental que busca cercar a Teherán legal y financieramente. En el gobierno ven también una utilidad doméstica en esta decisión. En paralelo, la Unión Europea dio un paso político similar al incluir al grupo en su lista terrorista. Para el gobierno, ya no basta con recordar la embajada de Israel y la AMIA; ahora se busca traducir esa memoria en una herramienta estatal de presión. La Casa Rosada ha tomado una decisión estratégica: asumir el costo y convertir la política hacia Irán en una pieza estable de su alineamiento global. En abril de 2024, la justicia argentina responsabilizó a Irán por el atentado contra la AMIA en 1994, calificándolo como crimen de lesa humanidad. El RePET, creado por el Decreto 489/2019, permite activar mecanismos de prevención y restricción sobre activos y operaciones de las entidades incluidas. La señal es nítida.
