El Gobierno de Javier Milei activó negociaciones para intentar que la Cámara de Diputados apruebe en abril la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una pieza sensible del entendimiento comercial sellado con Estados Unidos y uno de los capítulos que más presión política, empresarial y diplomática concentra dentro de la propia Casa Rosada. Esa fecha empezó a correr como un reloj político en Balcarce 50, donde reconocen que el frente de propiedad intelectual es uno de los más delicados de todo el paquete bilateral. En ese marco, el oficialismo discute no sólo cómo aprobar el tratado, sino también con qué ingeniería legislativa hacerlo. Por otro lado, los laboratorios nacionales resisten porque temen perder margen en el negocio de los genéricos, resignar competitividad y quedar más expuestos frente a patentes extranjeras de larga duración. El Gobierno quiere exhibir alineamiento pleno con Estados Unidos, cumplir plazos y mostrar que Argentina abandona viejas resistencias regulatorias. Los laboratorios internacionales empujan la adhesión al PCT y la flexibilización del régimen porque entienden que fortalece la seguridad jurídica de sus desarrollos y mejora la protección de sus innovaciones. Hoy el país figura entre los Estados parte del Convenio de París que todavía no integran el PCT, una rareza que en el oficialismo consideran incómoda frente al alineamiento político y comercial que Milei profundizó con la administración de Donald Trump. Argentina sigue fuera del PCT, un sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) que permite presentar una solicitud internacional de patente con efectos en múltiples jurisdicciones, aunque no reemplaza la decisión final que luego toma cada país. Fue una forma de abrir la puerta a un esquema más flexible sin dinamitar de un golpe el mercado ya existente. Es justamente ahí donde aparece el lobby más áspero. Esta dilación tambien frena inversiones que Argentina necesita. La presión externa tiene además un calendario concreto. El INPI dictó la Resolución 75/2026, que actualizó aranceles desde el 1 de abril, creó la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI) y dispuso su aplicación efectiva desde el 1 de mayo, con ajustes mensuales atados al IPC del INDEC. En Diputados existe un nuevo expediente, el 0821-D-2026, mientras que además persiste el antecedente histórico de la media sanción del Senado de 1998.
