El Gobierno de Argentina aceleró en las últimas semanas una negociación política delicada para cubrir más de 200 vacantes en la Justicia, con el objetivo formal de normalizar un sistema colapsado, pero también con la intención política de recuperar iniciativa en medio del desgaste abierto por la causa $LIBRA y por la crisis de Manuel Adorni. En el centro de este conflicto se encuentra el fuero de Seguridad Social, donde se cruzan vacantes, expectativas de ascenso y miles de expedientes previsionales que comprometen a la caja policial. Según abogados consultados, esto genera un malestar creciente entre retirados y litigantes, que afirman que las demoras no serían solo por colapso administrativo, sino por un sistema de incentivos que lleva a algunos jueces a evitar fallos que obligarían al fondo a responder por pagos. Paralelamente, la dimensión política de la operación es clara. El Ministerio de Justicia confirmó el envío al Senado de 62 pliegos, buscando una mayoría holgada para evitar acuerdos ajustados. Para las fuerzas federales, el problema es doble: los salarios siguen deteriorándose y, además, se posterga el acceso a la justicia en causas que llevan años. Si la tensión escala, el Gobierno deberá responder por su política de nombramientos y por la percepción de que al personal de las fuerzas no solo se le paga mal, sino que también se le niega la justicia.
