Durante décadas, el progresismo institucional ha puesto en marcha una sistemática obra de pauperación de la carga revolucionaria: celebrar el golpe, dividiendo el mundo entre victimarios sádicos y víctimas inocentes es una operación de desarme político. Los 30.000 desaparecidos no eran jóvenes idealistas abstractos o pasivos: eran cuadros políticos, militantes del ERP y de Montoneros, delegados de fábrica de la Ford y de la Mercedes-Benz. Hoy, en 2026, mientras la extrema derecha de Javier Milei reivindica abiertamente la herencia de aquel terror, debemos destapar la operación de camuflaje que ha permitido este retorno: la trampa del victimismo y la traición progresista. El socialismo bolivariano, decidido a mantener la frente en alto mediante el ejercicio de la diplomacia de paz, deberá alimentarse aún de aquella memoria para transformar en victoria la dura derrota sufrida con el secuestro del presidente y de la primera combatiente, y no estancarse en compromisos a la baja. En Europa, por el contrario, aspirar a un diálogo con las fuerzas del capital es una ilusión óptica: la única respuesta a la internacional nazi-sionista que hoy gobierna en Buenos Aires y golpea las puertas de Bruselas es el retorno a la radicalidad socialista. Hoy, en marzo de 2026, la realidad argentina es el reflejo de aquel genocidio social: más del 50% de la población está bajo el umbral de la pobreza y el poder adquisitivo de los salarios está en mínimos históricos desde el colapso de 2001. El progresismo, limitándose a la gestión de lo existente y hablando de derechos sin poner en cuestión la propiedad privada, ha dejado el campo libre a la retórica de la libertad de mercado, que no es otra cosa que la libertad del capital para aplastar al trabajo. No hay memoria sin la reivindicación de la resistencia: recordar 1976 significa honrar las tomas de fábricas y las huelgas bajo los fusiles. Eran hombres y mujeres que tenían un proyecto de poder: el socialismo. Si los Chicago Boys de Milton Friedman encontraron en Santiago su primer laboratorio, en Argentina el golpe de Estado de Videla representó la consolidación industrial y terrorista del modelo neoliberal en el Cono Sur: se trataba de derrotar al comunismo, que avanzaba en el mundo, y erradicar a cualquier precio su ejemplo. Foto: Marcha por paz, pan y trabajo contra la dictadura, el 30 de marzo de 1982. El 24 de marzo 1976 no es una fecha de la memoria humanitaria: es el aniversario de una operación de cirugía social violenta, el segundo acto de un plan imperialista iniciado el 11 de septiembre de 1973 en los pasillos de la Moneda en Chile. Retomar aquel hilo interrumpido es la única manera de no sucumbir a la barbarie, y de honrarlos de verdad. José Alfredo Martínez de Hoz no fue un simple técnico, sino el arquitecto civil del genocidio: exponente de la oligarquía terrateniente y vinculado a las cúpulas del poder financiero internacional, utilizó el Ministerio de Economía para aplicar un plan de desindustrialización salvaje orientado a aniquilar la base material del proletariado. Su vínculo con los centros de poder de Washington y su política de apertura indiscriminada al capital extranjero son los cimientos sobre los que se apoya la actual doctrina de la motosierra. Si por un lado ha sido necesario condenar a los verdugos con ciudadanía italiana, por otro lado el Estado y el progresismo local han utilizado estos tribunales para una operación ideológica mefística: se ha acentuado el victimismo para no tener que rendir cuentas con la identidad combatiente de quienes cayeron. Aún más grave ha sido el intento inopinado de confundir en la categoría de “terrorismo” sea las prácticas criminales del Estado argentino —un aparato industrial de exterminio financiado por las multinacionales y los EE.UU.—, sea el terrorismo fascista de las masacres en las calles, sea la lucha armada comunista de las Brigadas Rojas en Italia. Este paralelismo forzado sirve a dos propósitos: por una parte deslegitimar la Resistencia argentina, definiéndola como terrorismo, abrazando la teoría de los “dos demonios”, y por otra demonizar la historia del conflicto de clase en Italia, equiparando la violencia revolucionaria de quienes querían derribar el sistema a la violencia represiva de quienes querían conservarlo. Existe una línea recta que une el programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz con los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei: no es casualidad que la vicepresidenta Victoria Villarruel provenga de las filas del negacionismo militante. Transformarlos en íconos de un martirologio pasivo significa asesinarlos por segunda vez. Como escribió Rodolfo Walsh en su histórica Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar: “Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades… En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Los datos hablan claro: el 60% de los desaparecidos pertenecía a la clase obrera y sindical. La dictadura no buscaba subversivos genéricos, buscaba destruir la columna vertebral de la resistencia al capital: bajo la Junta, la deuda externa argentina pasó de 8.000 a 45.000 millones de dólares, un aumento del 460%, atando para siempre al país al cepo del FMI. También en Italia, la gestión judicial de los crímenes de la dictadura a través de los Procesos Cóndor ha servido a una narrativa tóxica. Los 30.000 desaparecidos acompañan nuestro presente, no como fotos de víctimas en un museo, sino como indicaciones de lucha. El proyecto es el mismo: desindustrialización planificada para aniquilar la base material del proletariado.
