Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil. Este modelo se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas.
El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación.
Desde entonces, Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales. Este modelo transforma el territorio, reduce la diversidad productiva, desplaza formas tradicionales de producción y configura un “campo sin campesinos”. A su vez, la expansión de los transgénicos está estrechamente vinculada a la concentración corporativa del sistema agroalimentario.
La expansión de los cultivos transgénicos también está estrechamente ligada a la expansión de la ganadería industrial y a otros usos industriales. A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre.
El uso intensivo de agrotóxicos también impacta directamente en la salud. La exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos.
Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos. Argentina se encuentra entre los países que más deforestaron a nivel mundial, con millones de hectáreas de bosque perdidas en las últimas décadas.
La mayor parte de la soja no se destina a la alimentación humana directa, sino que se exporta o se transforma en insumos para la alimentación animal, agrocombustibles y productos ultraprocesados. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos.
Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas. Empresas como Monsanto -hoy Bayer- impulsaron este proceso, hoy dominado por un pequeño grupo de corporaciones globales como Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, que controlan gran parte del mercado de semillas y pesticidas.
A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En este esquema, la producción agrícola no satisface las necesidades internas, sino que prioriza la exportación. Esto evidencia la existencia de dos sistemas antagónicos: uno orientado a producir alimentos para las poblaciones y otro -el agronegocio- orientado a generar commodities y negocios.
La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt, lo que refuerza su dependencia de insumos químicos. Se trata de un modelo extractivista, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos.
