El panorama político de Argentina atraviesa cambios significativos. La salida de tres senadores del bloque peronista en el Senado abre la puerta a una bancada peronista aún más fragmentada, donde los gobernadores negocian en paralelo y el oficialismo se acerca a números clave para leyes sensibles. Detrás de este movimiento se encuentran tres gobernadores con vínculos estrechos con el Gobierno nacional: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En esa negociación, el Senado —y el comportamiento de sus senadores— se convierte en moneda de cambio. El caso de Catamarca es ilustrativo. Jalil busca destrabar el financiamiento del acueducto Albigasta, una obra hídrica clave compartida con Santiago del Estero, vinculada a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que requiere una garantía nacional. Para Milei, el quiebre le llega servido para su puesta en escena institucional: podrá exhibir que el “muro” del peronismo se resquebraja y que su gobierno ya no enfrenta un bloque monolítico sino un archipiélago. Para el peronismo, en cambio, el costo es doble: pierde capacidad de veto y, peor aún, pierde el mecanismo de conducción. En ese esquema, la unidad del peronismo deja de ser un valor y pasa a ser un costo, especialmente cuando el kirchnerismo insiste en una lógica de confrontación total que choca con la urgencia de destrabar fondos, avales y acuerdos. La cuenta fiscal explica buena parte del quiebre. Sin un liderazgo indiscutido y con gobernadores y legisladores priorizando agendas locales, el kirchnerismo empieza a quedar encapsulado en un núcleo duro que habla fuerte, pero decide menos. La salida de Moisés, Andrada y Mendoza agota el fenómeno: abre una compuerta. En el pasado reciente, la provincia recibió un giro excepcional de Aportes del Tesoro Nacional, una cifra que fue leída como el mayor envío individual de la gestión libertaria. Los tres senadores integraban Convicción Federal, una bancada de perfil “federal” que hasta ahora convivía con el núcleo más duro del kirchnerismo y con otros aliados provinciales. En ese clima, la reforma laboral fue el catalizador final: tocó el corazón simbólico del peronismo —la representación del trabajo— y expuso que ya no existe una sola interpretación interna sobre cómo pararse frente al Gobierno. En el Senado, la fractura tiene efectos inmediatos: el PJ pierde cohesión, se achica y queda más expuesto a operaciones de pinza del oficialismo, que negocia ley por ley con aliados provinciales y fuerzas satélite. En este contexto, la ruptura del Senado no es una aventura: es el correlato legislativo de una estrategia de gobernadores que priorizan gobernabilidad y caja por encima de la obediencia a una conducción nacional debilitada. El quiebre también desnuda un problema político más profundo: la intervención del PJ en varias provincias, la imposición de armados desde Buenos Aires y el desgaste del liderazgo de la convicta Cristina Fernández de Kirchner como figura capaz de ordenar a todos. Y hoy el poder no parece estar en la lapicera que supo ordenar al peronismo desde el centro, sino en la capacidad de negociar recursos, avales y obras en un país donde la billetera volvió a ser el idioma principal.
