La tensión dentro del peronismo en la Cámara de Senado entró en fase decisiva y podría derivar en una fractura formal del interbloque kirchnerista en los próximos días. La situación escaló con un episodio político-partidario que funcionó como catalizador: la intervención del PJ de Jujuy, a cargo de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, dispuso sanciones internas que incluyeron la suspensión de la senadora Carolina Moisés. El grupo de legisladores nucleado en Convicción Federal, alineado con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), se reunirá la semana próxima para definir si se aparta del bloque que hoy conducen el formoseño José Mayans, la senadora cristinista Juliana Di Tullio y la camporista Anabel Fernández Sagasti. El gesto no es solo administrativo: constituye una declaración política de autonomía y un intento de recuperar centralidad institucional. Para el sector, el aprendizaje es claro: sin comisiones, el bloque queda reducido a una lógica testimonial. Por otro lado, el oficialismo busca aprovechar el “veranito legislativo” para avanzar con una agenda intensa en extraordinarias —con énfasis en la baja de la edad de imputabilidad y la ley de glaciares— y necesita un peronismo desordenado para negociar votos o, al menos, neutralizar una resistencia compacta. En paralelo, y como telón de fondo del clima político que atraviesa al peronismo, la Justicia ratificó una decisión de alto impacto simbólico: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a su prisión domiciliaria. La sesión preparatoria del 24 de febrero funciona como reloj.
