Cuando estas oportunidades faltan, niños y adolescentes quedan expuestos al narcotráfico y a un sistema que termina penalizando a las víctimas y castigando a los eslabones más débiles. El camino verdaderamente eficaz es el del acompañamiento a las familias, la construcción de políticas públicas centradas en el desarrollo humano integral y la garantía de una vida digna para todos. En cuanto a la visión que da sentido y orienta la acción, en un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda. Por ello, nos duele hondamente constatar una tendencia creciente a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables. Esto impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables. El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Porque lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona y el modelo de sociedad que queremos construir. Una reforma sin condiciones de posibilidad Coincidimos en la necesidad de dar respuesta a las múltiples situaciones de abandono y desprotección que viven muchos niños, niñas y jóvenes. Frente al intento de avanzar de manera apresurada con un proyecto que prioriza el golpe de efecto por sobre la construcción de consensos, sostenemos que: La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza. Las condiciones materiales, institucionales y sociales para un régimen penal juvenil serio no están garantizadas. Se necesita un enfoque integral, con propuestas diferenciadas para la prevención, la intervención y la reinserción. Resulta imprescindible superar la falsa dicotomía entre castigar o mirar para otro lado y centrar los esfuerzos en transformar las condiciones estructurales que generan violencia. La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare. Pero debemos preguntarnos con honestidad: En las condiciones actuales, ¿es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos? Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador. Este proyecto de ley presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad, ya que contradice principios de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) y la doctrina consolidada sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Entonces, el ingreso temprano al sistema penal no solo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño y expone a los menores a nuevas formas de violencia. La evidencia científica y organizaciones que trabajan por los derechos de los NNA cuestionan contundentemente esta afirmación. Teniendo en cuenta lo anterior, sugerimos que, cuando un niño o adolescente menor de 16 años atraviesa situaciones de conflicto social y vulnerabilidad, el abordaje debe estar en manos de los Juzgados de Familia, y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal. Son estos juzgados los que pueden ordenar medidas socioeducativas orientadas a la reflexión, corrección de conductas y restitución de derechos, en complemento con las organizaciones comunitarias que pueden acompañar de manera subjetiva y amorosa el proceso de cada adolescente. A ello se suma la previsión de penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades, en abierta contradicción con los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Finalmente, las disposiciones procesales resultan imprecisas y no se corresponden con los avances en materia de garantías procesales alcanzados en los ámbitos federal y provincial, incluso en comparación con los regímenes vigentes para personas adultas. En cuanto a la eficacia de la medida que se propone, la evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad. En este sentido, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos. Sin embargo, los verdaderos peligros que asedian nuestros barrios —el narcotráfico, el tráfico de armas, la pobreza estructural y la falta de alimentación, vivienda y trabajo digno— continúan actuando con altos niveles de impunidad. El crimen organizado del narcotráfico, que atraviesa distintas instituciones y estratos de la sociedad, encuentra en los barrios populares un terreno propicio para captar a los más pequeños. Por tanto, reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad. Considerar a las víctimas requiere reducir y erradicar los niveles de reincidencia que el encarcelamiento temprano genera. Reconocemos que existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes. Detalladas las pruebas jurídicas, los motivos sociológicos, las estadísticas científicas de salud, y las comparaciones con leyes de otros países latinoamericanos, seguir sosteniendo que la baja es una solución da cuenta de que estamos ante otra regresiva transformación en el derecho, desfavorable para el conjunto de la sociedad. La dolorosa realidad nos muestra que el inicio del consumo de sustancias se da en muchos casos a los 9 o 10 años. Es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener el desfinanciamiento en materia de Políticas Públicas de Salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental. Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, proponemos la aplicación de Justicia Restaurativa. Por ello, buscamos aportar elementos que amplíen y profundicen el debate público y una reflexión verdaderamente responsable. El reconocimiento de la condición de sujeto en desarrollo implica que los NNA tienen una capacidad progresiva para ejercer derechos y asumir responsabilidades, lo cual debe ser respetado por el sistema jurídico (arts. 5 y 10 de la Ley 26.061). Frente a esta realidad, la única respuesta verdaderamente eficaz es la creación de oportunidades reales, comunitarias y sostenidas, capaces de generar sueños, esperanza y un sentido de vida. Es oportuno recordar las declaraciones del Papa Francisco al respecto: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Por eso creemos que es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios, y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir. Como la mayoría de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil. La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez. El trabajo con niños y adolescentes no punibles —aquellos menores de 16 años— es clave para prevenir delitos penales futuros. En lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil, observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación. Es por ello que esta carta no se dirige únicamente al Congreso: busca también interpelar a la sociedad en su conjunto. Un entramado que actúe sobre las causas estructurales de la violencia desde los vínculos más cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rincón donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos.
