El Parlamento Europeo resolvió este miércoles elevar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a la Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, una decisión que congela el proceso de ratificación del pacto durante varios meses y abre un nuevo foco de incertidumbre política y comercial entre ambos bloques.
La moción fue aprobada por un margen muy estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Funcionarios y diplomáticos del bloque sudamericano admiten que el proceso judicial puede extenderse durante meses, e incluso más de un año, dependiendo de la complejidad del análisis que realice el tribunal europeo.
La votación no implica el rechazo definitivo del acuerdo, pero sí introduce un freno significativo en su implementación. Según el procedimiento comunitario, la sola remisión del acuerdo a la Justicia implica la suspensión automática de su ratificación hasta que los jueces emitan un dictamen.
El acuerdo UE-Mercosur está compuesto por dos instrumentos: uno de asociación política y cooperación y otro estrictamente comercial, que prevé la reducción progresiva de aranceles y la liberalización del comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—.
Si el fallo avala su compatibilidad con los tratados, la ratificación podrá reanudarse. El resultado reflejó la profunda división interna en la Eurocámara en torno a un acuerdo que fue firmado el fin de semana pasado tras más de 25 años de negociaciones intermitentes, y que aspiraba a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
El pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea busca determinar si la arquitectura jurídica del acuerdo respeta plenamente los tratados fundacionales de la UE, en particular en lo referido a la autonomía normativa del bloque, los mecanismos de resolución de disputas y el alcance de las cláusulas de reequilibrio incluidas en el texto.
Mientras algunos eurodiputados sostuvieron que frenar el acuerdo debilita la posición geopolítica de la Unión Europea frente a Estados Unidos y China en América Latina, otros argumentaron que avanzar sin certezas jurídicas podría generar conflictos legales de largo plazo y erosionar la coherencia del derecho comunitario.
Desde el Mercosur, la decisión fue recibida con preocupación, ya que el acuerdo era considerado una pieza clave para ampliar exportaciones, atraer inversiones y consolidar una relación estratégica con Europa. Su entrada en vigor requería la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, un proceso que ahora queda en pausa.
El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes tensiones políticas y sociales. En caso contrario, el acuerdo podría requerir modificaciones sustanciales o quedar políticamente debilitado, reabriendo una negociación que muchos daban por cerrada.
