Nueva York, 25 de diciembre de 2025 - Agencia de Noticias Total - TNA - El prolongado litigio por la expropiación de YPF volvió a escalar en los tribunales de Estados Unidos luego de que Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton Park, anticipara que solicitará a la jueza Loretta Preska que declare a la Argentina en desacato por incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de información clave. El planteo de Burford se apoya en la presunta falta de cumplimiento del Estado argentino respecto del pedido de producir comunicaciones —correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la causa. El ex ministro de Economía Sergio Massa no respondió al requerimiento judicial, al igual que una decena de exfuncionarios de alto rango vinculados a las áreas económica, energética y política. Para Burford y los demandantes, la información requerida es central para sustentar una de las líneas más sensibles del expediente: la tesis de que YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central funcionan como “alter ego” del Estado argentino. Aunque la Argentina todavía cuenta con plazo formal hasta el 10 de enero para completar la entrega, los demandantes consideran que el incumplimiento ya quedó acreditado y que la demora responde a una estrategia deliberada para obstaculizar el proceso. La jueza Preska, que interviene en el caso desde la etapa de fondo, dejó constancia en audiencias previas de que el país no respetó los tiempos originalmente fijados. En el Gobierno interpretan que esa simultaneidad explica la ofensiva de Burford, que procura acelerar definiciones procesales y ganar terreno para futuros embargos antes de que la Argentina logre revertir parcialmente el fallo. El escenario judicial en Nueva York mantiene así un nivel elevado de incertidumbre y presión financiera. Con plazos que se acortan y un eventual desacato en el horizonte, el caso YPF vuelve a exponer los costos de una expropiación mal ejecutada y las consecuencias de una estrategia defensiva que, a juicio del tribunal, sigue acumulando incumplimientos. En ese marco, Burford quedó autorizado a presentar el pedido de desacato en una ventana que se extiende entre el 15 de enero y el 5 de marzo de 2026, una señal clara de que el tribunal considera la cuestión lo suficientemente grave como para evaluar medidas coercitivas. El eventual desacato abriría la puerta a consecuencias de alto impacto para la Argentina, entre ellas la posibilidad de embargos sobre activos en el exterior y la imposición de sanciones adicionales que podrían complicar aún más la estrategia defensiva del Estado en un juicio que ya tiene un fallo adverso en primera instancia por la expropiación de 2012. Hasta el momento, cerca de la mitad de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por la orden judicial accedieron a colaborar y entregaron sus comunicaciones. Si bien otorgó prórrogas sucesivas y un último plazo definitivo, advirtió que la negativa o el retraso injustificado en producir la documentación solicitada podría derivar en sanciones procesales y económicas, incluida una declaración de desacato. En la audiencia celebrada el 9 de diciembre, la magistrada reconoció expresamente el incumplimiento argentino y habilitó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción. Entre quienes aceptaron figuran actuales y ex autoridades de áreas clave como Hacienda, Energía, Transporte y Crédito Público, lo que permitió a los demandantes comenzar a analizar el flujo de decisiones internas del Estado en relación con YPF y otras empresas públicas. Sin embargo, el foco del conflicto está puesto en la negativa de las principales figuras políticas. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, rechazaron proporcionar comunicaciones alojadas en dispositivos o cuentas personales. Bajo ese argumento, buscan demostrar que distintas administraciones utilizaron esas entidades para ejecutar políticas públicas, lo que habilitaría el avance sobre activos de esas empresas en eventuales instancias de cobro. La causa por el “alter ego” se tramita en paralelo a la apelación de fondo, donde el tribunal de alzada podría emitir una decisión en cualquier momento.
