La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE/ILE) 27.610 fue promulgada el 30 de diciembre de 2020 y, actualmente, con el déficit en el sistema de salud y el avance de ciertos discursos políticos, algunos ejes que acompañaban a la ordenanza se vieron afectados e incluso desmantelados. Según supo la Agencia Noticias Argentena y cinco años del nombramiento impulsado por la marea verde, los movimientos feministas, que buscan respaldar el derecho adquirido, denunciaron que el brazo de la extrema derecha alcanzó con su motosierra a diversos aspectos. Entre los recortes impulsados durante el Gobierno de Javier Milei, se vieron afectados la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, drogas que permiten llevar adelante el proceso de aborto no invasivo. Con faltantes de las mencionadas en un total de 20 provincias del país, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género indicó que hasta mayo pasado 'el Estado Nacional no adquiere ni distribuye insumos para IVE/ILE a las provincias', decisión que fue confirmada por el Ministerio de Salud en febrero de 2025. El lema, desde los inicios de las campañas que acuñaban esta ley, sostiene: 'Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no Abortar'. En cambio, se demostró que en los últimos años disminuyó la provisión de anticonceptivos o test de embarazo, entre las faltas de insumos básicos. En línea, en abril de 2024, el Ministerio de Salud modificó el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (Programa ENIA) que se mostraba como un ejemplo a seguir en la región latinoamericana ya que aumentó un 22% la reducción de dichas concepciones. Esta 'modificación' fue parte de los desmantelamientos estatales y, tal como se publicó desde fuentes oficiales, 'se decidió finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos, correspondientes al Plan', con el justificativo de que 'nunca se concretó la delegación de las responsabilidades' en las provincias, cuando la política pública fue considerada emblemática. Mientras tanto, Amnistía Internacional compartió un extenso documento en donde denunció: 'El gobierno nacional incorporó la lucha contra la llamada 'ideología de género' como eje central de su agenda política e institucional. Así como se puso sobre la mesa el supuesto plan de 'Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad', que tal como indicó la organización, son 'espacios que se presentan como lugares de contención, acompañamiento y asesoramiento a mujeres embarazadas, pero en realidad, operan como dispositivos de desinformación y disuasión para quienes quieren abortar'. 'Brindan información falsa o incompleta, exageran supuestos riesgos médicos y despliegan prácticas coercitivas e invasivas de la privacidad de las usuarias'. Amnistía Internacional apuntó: 'Una estrategia deliberada que socava el rol del Estado como garante de derechos'.
