El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del puerto de Ushuaia. De hecho, entre los fundamentos de la resolución que usó para manotearse ilegalmente el Puerto, Milei hizo consignar que ‘su ubicación en el Atlántico Sur, al sur del continente, y su cercanía con la Antártida, convierten al puerto en un punto clave para el abastecimiento antártico y la operación de campañas científicas, así como en un puerto de importancia estratégica para la República Argentina, especialmente en la custodia de sus aguas y territorios australes’. ‘No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud’, señaló Melella en su cuenta de Twitter/X. Indico que desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos ‘estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina’. Y agregó: ‘Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores’. Varias fuentes señalan que la intervención podría estar vinculada a un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto estratégico, mientras otras versiones apuntan a una entrega de la operatoria al grupo Mirgor, en una maniobra coordinada entre Nación y Provincia que hoy está bajo fuerte cuestionamiento. ‘Milei manoteó el puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump’, escribió esta mañana Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, ex diputado nacional y director del Instituto Consenso Federal. ‘Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente Javier Milei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el gobierno nacional. La medida se adoptó mediante una simple resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que, bajo el número 4/2026, se publicó hoy en el Boletín Oficial’, señaló, en un posteo en Twitter/X. En un despliegue sorpresivo y de gran magnitud, funcionarios nacionales de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) con apoyo de fuerzas de seguridad, tomaron el control total de las instalaciones del Puerto de Ushuaia en la madrugada del 21 de enero. La acción que incluyó el ingreso de Prefectura Naval, la toma de oficinas administrativas y sectores operativos, y el desalojo inmediato de los trabajadores que se encontraban cumpliendo funciones. El portal Identidad Sindical relevó testimonios de gremios y testigos en el lugar, que denunciaron que el procedimiento se realizó sin previo aviso, pasada la medianoche y con fuerte presencia de fuerzas de seguridad, lo que generó una situación de incertidumbre total sobre la continuidad laboral de cientos de familias que dependen directa o indirectamente del funcionamiento del puerto. Desde la CGT Regional Ushuaia repudiaron el accionar del Gobierno nacional y advirtieron que se trata de ‘un atropello que no puede pasar como si nada’, cuestionando que la intervención se haya ejecutado en silencio y por la fuerza, sin explicaciones públicas ni resguardo para los trabajadores portuarios. En la mañana del miércoles 21 de enero, los trabajadores del Puerto de Ushuaia cortaron el acceso a los transportes de pasajeros de cruceros, y se manifestaron en las adyacencias del mismo. Los trabajadores no pudieron ingresar a cumplir con sus labores ya que la Intervención se lo prohibió, por lo que los trabajadores manifestaron la incertidumbre en relación a la situación laboral del sector. El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por supuestas irregularidades financieras y fallas de infraestructura. La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial. Según la Agencia Noticias Argentinas, que suele funcionar como vocera paraestatal del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal. El organismo nacional fundamentó la decisión tras ‘verificar’, según afirman, que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria. Agregaron que una inspección técnica realizada en 2025 ‘detectó’ deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial. Las comillas son necesarias en función de la estrategia de desinformación permanente y fake news desplegadas por el gobierno de Milei desde el primer momento. Y más cuando se trata de un gobierno que argumenta una intervención por presuntas fallas de mantenimiento. Y se agrega: ‘el Puerto de Ushuaia resulta fundamental no sólo por su importancia estratégica y geopolítica, sino también por su papel en la logística, el comercio regional y el turismo’, agregó, y concluyó: ‘Esta decisión de Milei genera un antecedente temerario, contra las provincias y contra el interés nacional. Pero lo hace al tiempo que abandona sus obligaciones ante hechos de máxima gravedad como los incendios en la Patagonia dos años consecutivos o las inundaciones de Bahía Blanca. Se lo quita a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La lista sigue. La contradicción es evidente y alimenta las sospechas sobre los objetivos reales de la medida. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó la decisión. Todos los gobernadores deberían reaccionar’. Por su parte, desde el portal Agenda Malvinas, su director Daniel Guzmán, ex combatiente de Malvinas, señaló la ‘sombra de la privatización’. ‘Esta intervención es vista por diversos analistas como el primer paso hacia una privatización de los servicios portuarios o la entrega del Polo Logístico Antártico a intereses extranjeros’, apuntó, y agregó: ‘La pérdida del manejo del puerto significa que Tierra del Fuego deja de tener voz propia en la logística del Atlántico Sur y la Antártida’.
