La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció este viernes la existencia de un "operativo judicial-policial mafioso" contra Matías Yofe, dirigente de su espacio y principal denunciante de presuntos hechos de corrupción que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino y a ex funcionarios bonaerenses. Carrió se presentó personalmente en la vivienda de Yofe, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, donde efectivos de la Policía Bonaerense realizaban un allanamiento ordenado por el fiscal Germán Camafreitas, en el marco de una denuncia por presunta extorsión que la dirigente calificó como "falsa" y "armada para disciplinar y amedrentar". Según relató Carrió, durante el procedimiento no se exhibió en ningún momento la orden judicial correspondiente y se produjeron graves irregularidades. En noviembre pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay procesó a D’Onofrio por presunto lavado de activos de origen ilícito y ordenó un embargo por 350 millones de pesos, a partir de una denuncia impulsada por Yofe y Carrió. Según se informó, el dirigente cuenta con custodia policial por amenazas de muerte y por un episodio intimidatorio ocurrido meses atrás, cuando el cuerpo de su perro apareció destripado frente a su vivienda. Entre ellas, denunció amenazas directas contra la esposa de Yofe, a quien —según afirmó— efectivos policiales advirtieron que sería esposada y que podrían quitarle a su beba de apenas cuatro meses si no permitía el ingreso inmediato a la vivienda. Yofe, quien al momento del allanamiento se encontraba en Mar del Plata junto a dos de sus hijos, denunció una "persecución política aberrante apoyada por un sector de la Justicia". La ex diputada sostuvo que la situación vulnera tratados internacionales de derechos humanos, normas de protección de la mujer y de los derechos del niño, con jerarquía constitucional. La causa que motivó el allanamiento se originó a partir de la denuncia de un chofer vinculado a D’Onofrio, quien afirmó haber sido amenazado meses atrás para declarar como testigo en la investigación por el negocio de las fotomultas. La dirigente advirtió sobre el riesgo de que esos datos sean extraídos y luego filtrados para perjudicar a los denunciantes. La gravedad del episodio se ve reforzada por el contexto previo de amenazas contra Yofe. Tras el procedimiento, el fiscal dispuso el secuestro de dos celulares y una computadora, y habría indicado que solo se extraigan datos correspondientes a los días en que habrían ocurrido las supuestas amenazas, según trascendió de fuentes judiciales. El trasfondo del conflicto se inscribe en la denominada "megacausa" por presuntas maniobras de corrupción en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires. En la misma resolución fue procesado Facundo Asensio, ex funcionario provincial, con un embargo de 300 millones. La investigación se inició en septiembre de 2024 y sostiene que una estructura criminal, presuntamente liderada por D’Onofrio y la concejal de Pilar Claudia Pombo, habría desviado fondos provenientes de multas de tránsito y la VTV para luego blanquearlos mediante bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros. Señaló que los efectivos actuaron de manera violenta e intimidatoria mientras su esposa aguardaba la llegada de los abogados defensores. En un comunicado formal, Carrió —en su carácter de abogada, junto a la letrada Albana Zoppolo— denunció además que el secuestro de teléfonos celulares y una computadora tendría como objetivo acceder a información sensible vinculada a las denuncias que Yofe presentó contra la AFA y contra el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio.
