La decisión del gobierno de Javier Milei de poner al frente de la Aduana de Campana a Julio César Nieto tiene una lectura política inevitable. Las aduanas de Campana y Zárate son no solo enclaves de recaudación y logística, sino también puntos sensibles en la lucha contra el contrabando y el tráfico internacional de estupefacientes. Por eso, la promoción de Nieto tiene una lectura política inevitable. Nieto no es un técnico desconocido ni un cuadro nuevo del mileísmo. Diversas publicaciones lo ubican desde hace años dentro del entramado político y administrativo que orbitó alrededor de Echegaray. En julio de 2025, la Justicia Federal ordenó allanamientos en la terminal portuaria zarateña después de que en Bélgica aparecieran 222 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de arroz que había salido de allí. La Aduana de Campana no es una oficina menor: bajo su órbita pasan terminales, depósitos fiscales y puntos operativos del corredor Zárate-Campana, uno de los nudos logísticos e industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Es decir: el Presidente que llegó prometiendo barrer con “la casta” terminó reforzando a un dirigente identificado justamente con una de las estructuras más corruptas y emblemáticas del kirchnerismo fiscal y aduanero. La polémica no termina en su pasado político. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó en enero la designación de Julio César Nieto como Administrador Interino de la Aduana de Campana. Según reportes periodísticos recientes, Nieto arrastra además cuestionamientos internos y una causa en la Justicia Federal de Quilmes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
