La investigación judicial sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a cambiar de rumbo este martes tras una decisión clave de la Cámara Federal de San Martín, que resolvió un conflicto de competencia y ordenó que el expediente pase a manos del juez que había sido solicitado por los presuntos testaferros del inmueble.
La resolución fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, quien determinó que la causa por presunto lavado de activos deje el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky y sea remitida al Juzgado Federal de Campana, conducido por Adrián González Charvay.
La causa tuvo un derrotero complejo. Inicialmente tramitó en Comodoro Py, en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien luego de ordenar las primeras medidas se declaró incompetente. El magistrado de Penal Económico, sin embargo, rechazó apartarse del expediente y defendió la especialidad de su fuero.
El planteo que dio origen a la disputa fue impulsado por los propietarios formales de la mansión, valuada en alrededor de 20 millones de dólares: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Ambos son señalados por la Justicia como presuntos testaferros y solicitaron que el caso se tramite en Campana, jurisdicción en la que se encuentra la quinta. González Charvay hizo lugar al pedido de inhibitoria y reclamó la causa a Aguinsky, sosteniendo que la competencia territorial le correspondía a su juzgado.
Por decisión del camarista Leopoldo Bruglia, el expediente fue enviado al fuero Penal Económico. Ahora, con la intervención de la Cámara de San Martín, el caso recala en la Justicia Federal de Campana. En su fallo, Lugones recordó que Bruglia, al resolver la primera contienda de competencia, había dejado expresamente abierta la discusión sobre el aspecto territorial, un punto que fue aprovechado por la defensa de Pantano y Conte para insistir con el traslado del expediente. El fundamento central del fallo fue territorial, priorizando la ubicación del inmueble investigado y el principio del “juez natural”.
Juez Federa Aguinsky
En su resolución, Lugones sostuvo que debía primar el criterio territorial y agregó un elemento adicional: en noviembre de 2024, la AFA habría modificado su domicilio legal a Mercedes 1366, en la localidad de Pilar. No obstante, el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, señaló que esa modificación no fue aprobada formalmente por el organismo, en el marco de un proceso en el que se analizan presuntas irregularidades contables de la entidad deportiva.
Entre los elementos que llamaron la atención de la Justicia se encuentra una flota de autos, motos de alta gama, kartings y camionetas 4×4, registradas a nombre de la sociedad Real Central, cuyo control formal figura en manos de Pantano y su madre. Se trata de una flota de autos, motos de alta gama, kartings y camionetas 4×4, registradas a nombre de la sociedad Real Central, cuyo control formal figura en manos de Pantano y su madre. Aunque la declaración de una ejecutiva del Banco Coinag quedó inconclusa, la Justicia intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, financiar sus lujosas instalaciones —como quincho y helipuerto— y sostener su mantenimiento.
Las sospechas sobre el rol de Pantano y Conte se vieron reforzadas cuando se detectó que los telepases de los vehículos eran abonados con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, quien fue dirigente de la entidad. El juez Aguinsky ordenó a la empresa emisora, American Express, suspender los débitos, que incluían además pagos de servicios eléctricos en domicilios sin vínculo con la actividad deportiva.
Con el traslado del expediente a Campana, se abre una nueva etapa en una causa que pone bajo la lupa el patrimonio, los flujos financieros y los vínculos entre la AFA y un entramado societario que la Justicia considera, por ahora, altamente sospechoso.
