A partir de los cargos públicos que ocupó, como Secretaria de Minería y Energía de Salta, Secretaria de Energía de la Nación, Secretaria de Minería de la Nación y Secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio, la senadora Flavia Royón utilizó su acceso privilegiado a funcionarios e información oficial, y su capacidad de influencia, para obtener beneficios para sí y para las empresas a las que pertenece y representa. De este modo, desvió el interés público y dejó desatendido su rol de garante de los bienes comunes. Royón impulsó una reforma que podía aumentar el valor y la demanda de servicios ofrecidos por empresas de las que formó parte, poniendo su banca pública y su capacidad de influencia al servicio de proyectos que buscan remover límites legales para avanzar sobre glaciares, ambiente periglacial, salares y ecosistemas de altura. La denuncia penal, presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la acusa de delitos contra la administración pública, incluyendo negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho. Uno de los hechos centrales es su impulso a una reforma regresiva de la Ley de Glaciares en el Congreso, lo que configura un claro cuadro de incompatibilidad, ya que al mismo tiempo mantenía vínculos con empresas privadas del sector minero, como Minenco SAS, Mineneco SAS y Zelandez. La Mesa del Litio, donde Royón tuvo un rol ejecutivo, articula estrategias entre Nación y provincias del NOA, donde se concentra la actividad extractiva. La acusación señala que mientras intervenía en las reglas del juego desde el Estado, estaba vinculada a empresas que operaban en los mismos territorrios y por los mismos intereses. Se investiga el entramado societario, fiscal y patrimonial ligado a la senadora y a las empresas involucradas, como Zelandez, que presta servicios técnicos para proyectos mineros, y Rio Tinto, una de sus clientes. Se requiere información sobre declaraciones juradas patrimoniales, designaciones públicas y documentación interna de las firmas para determinar el alcance de su influencia y el posible uso de la función pública en beneficio de intereses privados. La defensa de glaciares, agua y territorios exige denunciar a quienes convierten la función pública en plataforma de negocios privados.
