El Gobierno formalizó este miércoles la conducción de la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y dio un paso clave en la reingeniería del sistema de cobertura médica del personal militar. En esa foto, el Gobierno apuesta a un cambio de paradigma: pasar de un organismo que se volvió sinónimo de atraso, deuda y reclamos a una estructura nueva, con controles explícitos y conducción militarizada por representación, pero con supervisión ministerial y auditorías internas. El desafío, sin embargo, no se resolverá con el acto administrativo. Según la normativa, la conducción se conforma con dos miembros propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, y un representante del personal civil. En la presidencia fue nombrado el General de Brigada (R) Sergio Maldonado, con mandato por dos años, y como vicepresidente el General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez, ambos a propuesta del Ejército. En ese lapso, la prioridad formal es evitar cortes de prestaciones mientras se ordenan padrones, contratos, deudas y sistemas. El rediseño no se limita al universo militar. En los hechos, el Estado busca que cada universo tenga su propia administración y su propio equilibrio, para que los desajustes de uno no arrastren al otro. Uno de los capítulos más observados será el financiero, porque es allí donde la crisis golpeó más fuerte. Ese punto es central para la vida diaria del sistema, porque toca lo esencial: turnos, estudios, internaciones, tratamientos crónicos y la provisión de medicamentos. La creación de la OSFA también busca responder a un desgaste interno acumulado. En términos prácticos, significa que la obra social queda “dentro” del esquema estatal, pero con herramientas de gestión propias. El directorio designado tendrá cinco integrantes titulares y sus respectivos suplentes, con un esquema de representación cruzada de las fuerzas. El directorio designado empieza con una ventaja —la formalidad de un marco nuevo— y con una mochila pesada: la expectativa de ordenar lo que se desordenó durante años sin que la transición se lleve por delante a quienes necesitan atención hoy. La decisión se instrumentó a través de la Resolución 124/2026 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial, y completa la puesta en marcha del nuevo ente autárquico creado por el Decreto 88/2026. La nueva OSFA nace con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado, con alcance en todo el territorio de la República Argentina y bajo fiscalización y control del Ministerio de Defensa. El mandato de los miembros del directorio será de dos años, con posibilidad de reelección por única vez. La letra fina también fija un estándar que, al menos en el papel, busca blindar a la nueva obra social de improvisaciones: los directivos deberán acreditar “idoneidad técnica” y experiencia de conducción o gestión. La lógica es clara: la caja debe ir, antes que nada, a médicos, tratamientos, medicamentos, derivaciones y prestadores; el resto queda subordinado. Además, el esquema fija que los afiliados tendrán garantizado un Programa Integral de Prestaciones con base en el Programa Médico Obligatorio, de modo que las coberturas no puedan ubicarse por debajo de los pisos sanitarios vigentes. El Decreto 88/2026 también creó, en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), separando de manera definitiva la cobertura del personal militar de la de los efectivos federales. El nuevo marco establece reglas de asignación de recursos con porcentajes rígidos: la OSFA deberá destinar como mínimo el 80% de la totalidad de sus recursos a la prestación de servicios de salud, con un techo del 8% para gastos administrativos y de funcionamiento, y la posibilidad de asignar hasta el 12% a otras prestaciones sociales. El Decreto 88/2026 dispuso el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA, con transferencia total de activos y personal hacia la OSFA, y estableció un período de transición que no podrá superar los 365 días corridos.
