El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto. La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados. El proyecto busca definir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas. Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable. El debate en el Senado fue intenso y polarizado. Senadores oficialistas argumentaron que la reforma es necesaria para armonizar la normativa, atraer inversiones y generar trabajo, asegurando que se mantiene la protección de los glaciares y que se busca seguridad jurídica. Por otro lado, la oposición y activistas ambientales denunciaron que la iniciativa es una reforma regresiva e ideológica que flexibiliza estándares ambientales, favorece a corporaciones extranjeras y pone en riesgo los recursos hídricos. Advertieron que la decisión es irreversible para el futuro de los argentinos y que la ambigüedad jurídica generada perjudicará al país. Varios senadores coincidieron en que la ley no es una modificación técnica, sino un cambio de paradigma que prioriza intereses económicos sobre la protección ambiental.
