El gobierno busca degradar el área a Dirección Nacional, afectando a 5 millones de personas, frenando más de 600 obras de cloacas, veredas, luz y agua y liquidando el FISU para favorecer el esquema financiero, rompiendo un consenso político histórico que unió a todas las fuerzas políticas, a la iglesia y a los movimientos sociales.
Hoy, cumpliendo con aquella negativa legislativa, el gobierno de Javier Milei busca desjerarquizar el área por segunda vez. Tras haberla degradado de Secretaría a Subsecretaría, ahora pretenden reducirla a una simple Dirección Nacional. El objetivo político es claro, vaciar de contenido y presupuesto al organismo para liquidar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), atacar a la organización barrial y comunitaria y continuar con el desmantelamiento del Estado Nacional.
Bajo la órbita del Ministerio de Economía comandado por Luis «Toto» Caputo y la gestión del subsecretario Sebastián Pareja hasta su asunción como Diputado Nacional, la eliminación del FISU no responde a una lógica de ahorro, sino a la intención de redirigir esos fondos multimillonarios hacia los negocios financieros y la «licuadora» fiscal, en sintonía con las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger. También afecta directamente a más de 11.000 mujeres que quedarían con obras inconclusas del programa Mi Pieza.
El accionar del Ministerio de Economía no solo rompe el contrato social y político, sino que viola abiertamente la legalidad vigente. La medida desobedece el fallo del juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien ordenó explícitamente la continuidad de las obras financiadas por el FISU y exigió al Estado Nacional un plan de acción ante un amparo colectivo presentado por vecinos y organizaciones sociales.
Sin trabajadores, no hay política pública. Mientras el gobierno celebra el «déficit cero» y aprueba la “ley de reforma laboral”, más de 250 familias de trabajadores estatales se suman a las filas de la desocupación, y 5 millones de habitantes de barrios populares ven cómo el Estado se retira, entregando el suelo y el territorio a la especulación inmobiliaria, financiera y al narcotráfico.
Esta decisión implica la parálisis total de la única política federal destinada a urbanizar las villas y asentamientos del país, donde viven aproximadamente 5 millones de personas y afectando indirectamente a más del doble. La gravedad de la medida reside en que ataca una de las pocas políticas de Estado que había logrado atravesar la grieta política argentina.
El Ministerio de Economía, bajo las órdenes de Luis Caputo, amenaza con el cese de contratos de más de 250 técnicos y profesionales de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU). El despido de los equipos técnicos, administrativos y territoriales (quienes planifican, formulan, relevan y ejecutan en los barrios) garantiza que no haya capacidad operativa para cumplir con la ley.
Este martes 11 de febrero, las autoridades informaron a más de 250 trabajadores y trabajadoras que sus contratos finalizarán el próximo 28 de febrero, dejándonos en la calle a partir del 1 de marzo. No se trata de una simple «reestructuración administrativa» como indican desde el Ministerio de Economía, sino del cierre del organismo encargado de ejecutar la Ley 27.453 de Regularización dominial e Integración Socio Urbana.
A esto se suma el peligro inminente de 150 procesos de desalojo activos y que la SSISU debía frenar mediante procesos de regularización dominial. Según informaron los trabajadores, el vaciamiento impacta directamente en 628 obras que hoy se encuentran detenidas en todo el país. La única fuerza política que votó en contra de esta ampliación de derechos en 2022 fue, precisamente, La Libertad Avanza.
La creación del RENABAP y la implementación de la SISU fueron aprobadas por ley nacional en 2018 y ampliadas en 2022 por unanimidad en ambas cámaras. La integración socio urbana ha dejado de ser un derecho para convertirse en una variable de ajuste fiscal. Una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de poder.
El desguace tiene consecuencias inmediatas. En un nuevo golpe a las políticas públicas de inclusión, el gobierno nacional avanza con el desmantelamiento definitivo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU). Además, quedan 20.000 lotes con servicios que debían ser adjudicados a familias sin techo. El retiro del Estado deja desamparadas a 50.000 familias que necesitan tramitar o regularizar su Certificado de Vivienda Familiar, un documento clave para el acceso a servicios básicos.
