El Gobierno nacional volvió a intimar formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que brinde explicaciones detalladas sobre el destino de más de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga entre 2017 y 2024. A ese frente se suma otra investigación que avanza en la Justicia de Campana, donde se analiza el origen de una lujosa quinta ubicada en Pilar, con helipuerto y vehículos de alta gama, presuntamente vinculada en las sombras a autoridades de la AFA, en particular a su tesorero Pablo Toviggino.
Desde el plano administrativo, la IGJ dejó constancia de que, tras analizar las presentaciones escritas y lo ocurrido en las audiencias, concluyó que la información aportada tanto por la AFA como por la Superliga resultó insuficiente. El organismo solicitó una “apertura pormenorizada y sustento documental” de los pasivos por cobros anticipados vinculados tanto a TourProdenter LLC como a TyC Argentina Football Distribution LLC, incluyendo contratos, períodos de cobertura, objeto de cada acuerdo y las cuentas bancarias donde se acreditaron los fondos.
La IGJ ya había formulado un pedido similar en diciembre pasado. La respuesta remitida por la AFA a mediados de enero fue considerada incompleta, lo que derivó en esta nueva intimación. En el centro del reclamo se encuentran 111 millones de dólares correspondientes a la AFA y 348 millones de dólares vinculados a la Superliga, cifras sobre las que la IGJ mantiene serias dudas respecto de su composición y destino final. El nuevo escrito enviado a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapias sostiene que las notas explicativas presentadas no cumplieron con los requisitos mínimos de claridad, desagregación y justificación de los rubros informados.
Una de ellas tiene como eje a TourProdenter LLC, señalada por presuntamente haber utilizado empresas sin empleados ni actividad comercial real para desviar parte de los ingresos internacionales de la AFA, especialmente tras el incremento de recursos registrado luego de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Parte de esa información surgió en una causa tramitada originalmente en los Estados Unidos, que recientemente fue incorporada a un expediente local a cargo del juez federal Luis Armella.
La nueva exigencia fue canalizada a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que consideró insuficiente la información presentada hasta el momento y otorgó un plazo de diez días hábiles para responder. El organismo de control, encabezado por Daniel Vítolo, volvió a requerir documentación contable y respaldos que permitan desagregar montos que, según los inspectores, fueron informados de manera global sin el nivel de detalle exigido por la normativa vigente.
