En Argentina, el Gobernador Axel Kicillof impulsó el Programa Multiagencial para la prevención del delito de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Según esta política, cuando un menor es aprehendido por la presunta comisión de un delito, se determina una matriz de riesgo que se remite a los Servicios Locales de Niñez para que articulen la intervención con jueces y fiscales de menores. Argentina, con una edad de imputabilidad desde los 16 años, tiene una tasa de homicidios de 4.2 cada 100 mil habitantes, la más baja de América Latina. En contraposición a los expertos, la exministra Patricia Bulrich afirmó: “a delito de adulto corresponde pena de adulto”. Se cuestiona su madurez emocional a los 14-16 años y su ferviente adhesión a la militancia política en entrevistas pasadas. En los últimos cinco años, los homicidios cometidos por menores no punibles han disminuido significativamente. Según datos oficiales, estos delitos bajaron un 20,8% en el último año. El objetivo del programa es interrumpir la trayectoria delictiva y evitar tragedias. Las 24 jurisdicciones del país deben fortalecer los servicios de protección integral para reducir la delincuencia juvenil, sin necesidad de bajar la edad de punibilidad. Por ello, Unión por la Patria propondrá un nuevo Régimen Penal Juvenil que se enfoque en la protección integral. Patricia Bulrich es el mejor ejemplo de que no se puede punir a un niño de 14 años. Los expertos son unánimes: no puede haber equivalencia en el reproche entre un niño y un adulto, violando el principio de culpabilidad. La Corte Suprema y la Corte Interamericana han sostenido que la menor autonomía de los adolescentes exige un reproche penal menor. En el caso “Maldonado”, el máximo tribunal afirmó: “la incuestionada inmadurez emocional impone... que la culpabilidad por el acto del niño sea de entidad inferior a la del adulto”. El Comité de los Derechos del Niño indica que los cerebros de los jóvenes continúan madurando, afectando su toma de decisiones. El procurador general Julio Conte Grand manifestó que los jóvenes imputados requieren una respuesta social orientada a su reeducación y prevención de reincidiviendo, atendiendo también a las víctimas. No se explica la urgencia por bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Mientras la agenda mediática se centraba en incendios en Patagonia y la crisis económica, el gobierno utiliza una demagogia punitivista para desviar la atención. Esta política busca crear el estereotipo del “niño monstruo”, proyectando miedos colectivos sobre los menores. Datos comparativos muestran que Brasil (edad 12) tiene una tasa de homicidios de 23.1, mientras que Uruguay (edad 18) es uno de los países más seguros. En 2014, un intento de bajar la edad para delitos graves fracasó en consulta popular. La disminución de homicidios coincide con la implementación del programa “Entramados”. El gobierno de Javier Milei insiste en sancionar este régimen para dominar la agenda pública.
