Argentina debate un proyecto de ley de armas que crea obstáculos burocráticos insalvables para ciudadanos cumplidores. La iniciativa de la Coalición Cívica exige un certificado del Ministerio de Seguridad que reconozca la incapacidad estatal para proteger al ciudadano. Este 'certificado de fracaso' es un obstáculo deliberado que nadie firmará. El proyecto también impone renovaciones semestrales para tenencia y trimestrales para portación, un método de agotamiento. El Estado se reserva el derecho a guardar las armas cobrando por ello y a expropiarlas por demora o impago. De este modo, infracciones formales, como un candado mal colocado, se convierten en delitos penales, transformando al usuario legal en un potencial procesado. Además, se eleva la edad mínima para portar armas a 24 años, contradiciendo la plena capacidad civil a los 18. Los críticos sostienen que estas medidas no impactan en el mercado ilegal, pero desarman al ciudadano de a pie, convirtiéndolo en rehén de la ineficiencia estatal.
