El Dr. Javier Milei, en ejercicio de la presidencia, se halla en un dilema sobre la designación de jueces, un problema que, supongo, ya tiene resuelto en su entorno más cercano. Hace 6 años, las vacantes en los tribunales Federales y Nacionales se han acumulado. Se han realizado concursos para cubrir el 65% de ellos y se han conformado las ternas que el Consejo de la Magistratura elevó al Ministerio de Justicia. Hasta la fecha, ningún candidato ha sido enviado al Senado. Por otro lado, en lo que va de la gestión Milei no se ha realizado concurso alguno, lo que significa que todos los postulantes fueron elegidos durante los gobiernos anteriores. Es importante recordar el origen del Consejo de la Magistratura: la Constitución de 1994 lo creó para mejorar la independencia judicial, intervenir en la selección de jueces, administrar el presupuesto del Poder Judicial y ejercer facultades disciplinarias. Antes de 1998, los jueces eran designados por el Ejecutivo con la aprobación del Senato, un proceso que dependía de contactos políticos. ¿Fue un avance el sistema de 1994? Depende. Antes, el círculo era pequeño; hoy, cualquier abogado se siente legitimado a aspirar. Sin embargo, la complejidad reside en que el espíritu del proceso se ve afectado por la necesidad de un respaldo político. La política se cruza inevitablemente en el camino a la judicatura, especialmente cuando el Consejo está compuesto por actores con intereses directos o indirectos en los cargos. Desde lo estratégico, ¿está dispuesto Milei a designar jueces seleccionados por un Consejo con mayoría kirchnerista? La respuesta es no. Políticamente, sería más inteligente redistribuir las causas existentes y crear paulatinamente nuevos juzgados en Buenos Aires en los próximos 10 años. El Consejo de la Magistratura, con el mayorías adecuadas, se convierte en una herramienta técnico-política al servicio del gobierno. Antes, la sociedad política era más ética y los jueces más valientes. Hoy, la "torta" es muy grande y los actores son muchos. No se trata de una caza de brujas. Lo trascendente es que el Ejecutivo debe "construir poder" en el Congreso y en el Poder Judicial, designando personas probas, formadas en derecho y en gestión, algo que es un déficit notable.
