En definitiva, todo es en contra del pueblo argentino. Considero que esta reforma carece de la intención de generar trabajo, muy por el contrario conduce a una inestabilidad permanente, que hace imposible que quienes tengan trabajo puedan proyectar su vida, careciendo de expectativas necesarias para el bienestar de las familias. Por todo lo dicho, rechazamos la reforma laboral propuesta por el Gobierno, ya que los cambios que puedan hacerse deben realizarse para obtener más derechos, uno de los cuales debe ser la reducción horaria de la jornada laboral, tema que en el mundo se está planteando mientras que Argentina propone el trabajo de 12 horas. No puede aceptarse que las conquistas laborales que se tardaron años conseguir las borren de un plumazo, solo la activación de la economía y la producción pueden generar más empleo, y no la flexibilización que proponen destruyendo los derechos laborales. Así, el trabajador queda a la deriva al tener que negociar en forma directa con el patrón. Por otra parte, en lugar de incluir a otros tipos de tareas deja de lado a los trabajadores de plataformas, excluyéndolos de la ley, un tema que debería considerarse especialmente por la situación en que prestan sus servicios. Esta reforma laboral es un proyecto inaceptable, que contempla solo a los patrones dejando de lado y desamparados a las y los trabajadores. Seguramente es uno de los sueños de este gobierno: trabajadores sin derechos y pulverización de los sindicatos. No obstante, hay que considerar que, efectivamente, parte de esa reforma se está ejecutando en la actualidad y prueba de ello es que, en el caso particular de los trabajadores viales, tenemos los sueldos congelados desde hace 13 meses. Recién pudimos abrir paritarias como consecuencia de lo resuelto por la Camara del Trabajo, que falló a favor de la presentación realizada por nuestro sindicato. A ese marco se suman las reuniones paritarias infructuosas ya que no existen propuestas de aumento: el resultado es de $0. Indudablemente con esta reforma el Gobierno pretende volver al siglo XIX, donde los trabajadores no tenían ningún derecho. Queda claro cuando dice que se limita el principio más favorable al trabajador, o sea que deberá dirimir su situación penalmente y no en lo laboral. Además, habilita la renuncia de derechos laborales mediante acuerdo de partes que deberá homologar la autoridad de aplicación y excluye también la intervención sindical.
