En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana. La búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante. Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. A su vez, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos. Aunque el gobierno nacional sostiene que ninguna provincia excede el límite del 15%, los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán. La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional: Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. Casi el 5% del territorio nacional pertenece a potencias extranjeras. Para dimensionar lo que está en juego, es necesario revisar el contexto en que esta ley fue sancionada. Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa. En este escenario, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite de extranjerización del 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, y fortaleció los mecanismos de control. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó la aplicación de la Ley de Tierras. En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control y, fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas. Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología. En 2023, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas. Sin embargo, el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero. Existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley, y en cuatro casos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.
