Argentina ha experimentado un aumento significativo en los conflictos laborales. Según el Centro CEPA, se registraron al menos 717 casos de disputas laborales entre enero de 2024 y febrero de 2026. Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, de noviembre de 2023 a octubre de 2025, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales. La industria fue la más castigada, representando el 62,1% de todos los casos. Las principales causas de los conflictos fueron los despidos (63,2%), cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresariales (7,8%). Los sectores más afectados por las políticas de apertura importadora incluyen textiles, alimentos, metalurgia y siderurgia. El sector servicios, que incluye recreación, hotelería, transporte y medios de comunicación, constituyó el 16,9% de los conflictos totales. Las PyMES fueron las más afectadas, con un 39,1% de los casos, seguidas por los conglomerados extranjeros (27,3%), grandes empresas (18,3%), grupos económicos (11,9%) y empresas estatales (3,5%). En el 71,5% de los conflictos, participaron empresas de capital nacional. También se vieron afectados el sector primario (9,5%), especialmente en hidrocarburos, pesca y minería, y el comercio (8,2%), donde los supermercados fueron el subsector más perjudicado. El sector de la construcción registró el 3,3% de los casos, principalmente la construcción privada. Geográficamente, la región central del país fue el epicentro del problema, concentrando el 48% de todos los casos: Provincia de Buenos Aires (25,8%), Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,3%). Tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, la situación se intensificó: si antes de las elecciones se registraban un promedio de 24 conflictos mensuales, después las cifras ascendieron a 42. Por lo tanto, se registraron 210 nuevos casos entre octubre de 2025 y febrero de 2026.
