El Gobierno nacional puso en marcha un profundo cambio en el sistema tributario argentino con la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, una norma que modifica de manera sustancial la lógica de control, persecución penal y determinación de impuestos, e inaugura un nuevo esquema de regularización orientado a incentivar la bancarización de ahorros no declarados. En los casos en que ya exista una causa iniciada, esta podrá cerrarse si se paga la totalidad de la deuda más un adicional del 50% dentro de un plazo de 30 días. Bajo este criterio, se busca reducir la presión penal y administrativa sobre personas y empresas consideradas de buena fe, concentrando los esfuerzos de fiscalización en maniobras graves, dolosas o de gran escala. Uno de los objetivos centrales de la normativa es estimular la salida de los denominados 'dólares del colchón' y su incorporación al circuito formal, con la expectativa de generar mayor actividad económica, ampliar la base tributaria y fortalecer el sistema financiero. La normativa actualiza de forma significativa los montos a partir de los cuales una infracción se convierte en delito. En ese marco, ARCA focalizará su control intensivo en aproximadamente 11.000 grandes contribuyentes que concentran cerca del 80% de la recaudación, mientras que el resto del padrón —más de 10 millones de contribuyentes— quedará sujeto a un esquema de menor intervención estatal. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. Si el contribuyente regulariza su situación abonando el capital, los intereses y las multas correspondientes antes de una denuncia formal, no será perseguido penalmente. El umbral para la evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones por impuesto y ejercicio.
