Economía Política Del país 2026-02-07T16:39:04+00:00

Lucha por el control de los casinos de Buenos Aires

Tres empresarios principales intentan llegar a un acuerdo para mantener el control de los casinos flotantes de Puerto Madero. La concesión que venció en 2019 fue prorrogada judicialmente, pero ahora la Corte Suprema la ha revocado. El gobierno prepara una licitación, mientras los sindicatos amenazan con huelga.


Lucha por el control de los casinos de Buenos Aires

Tres empresarios millonarios continúan intentando llegar a un acuerdo para preservar su dominio sobre los casinos flotantes de Puerto Madero. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, funcionarios cercanos a los reguladores del juego aseguraron que “los casinos flotantes no pueden seguir en esta condición, en el limbo judicial de las medidas cautelares y, más pronto que tarde, Lotería de la Ciudad avanzará con una licitación controlada por el Estado. El principal referente de Casino Club, una de las operadoras más grandes del país, es Benedicto, dueño del haras La Pasión y con intereses en el casino de Mendoza. Junto a su comisión directiva, ha amenazado con un paro por tiempo indeterminado. Otro empresario en el sector es Federico de Achaval, famoso por sus movimientos en el mercado regulado argentino. Es dueño de HAPSA, la empresa que gestiona el Hipódromo de Palermo, y posee BetWarrior, una casa de apuestas online. El tercero es Ricardo Benedicto, el “zar del juego”, al frente de Inverclub. La concesión original de Casinos de Buenos Aires SA operada por Cirsa venció en 2019, y desde entonces los casinos funcionaron mediante medidas cautelares. En marzo de 2025, la Corte Suprema revocó estas cautelares, dejando la continuidad en suspenso. El tribunal dictaminó que la prórroga del contrato era insostenible y arbitraria. Mientras tanto, el sector empresarial de las apuestas se prepara para una posible licitación, y los gremios han comenzado a reaccionar. Cuatro sindicatos principales que agrupan a más de 3.500 trabajadores, como ALEARA, UTHGRA, Camioneros y SOMU, se movilizan ante la incertidumbre, especialmente SOMU tras el despido de más de 300 afiliados. El gobierno busca reencuadrar legalmente la actividad y reposicionar al casino como un atractivo sostenible para el turismo en un contexto de ajuste fiscal.

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