La polémica en torno a la postergación de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina ha escalado a un enfrentamiento político y estratégico. Este conflicto entre exfuncionarios y el Gobierno expone tensiones internas en el oficialismo, plantea dudas sobre la credibilidad de las estadísticas públicas y abre un debate sobre el rumbo de la política económica en un contexto de inflación persistente.
La discusión se da en el marco de la renuncia de Marco Lavagna del directorio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y reaviva el debate sobre la transparencia de los datos oficiales. El economista Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, afirmó que el nuevo cálculo del IPC "estaba listo" para 2024 y que la demora era excesiva y sin justificación técnica.
Por su parte, el ministro Luis Caputo sostuvo que la decisión se basó en una estrategia consensuada con el presidente Javier Milei para no introducir cambios metodológicos mientras el proceso de desinflación no estuviera "completamente consolidado." Cottani también cuestionó al Gobierno por no avanzar con un "sinceramiento cambiario" que acompañe la desinflación.
En respuesta, Caputo criticó duramente a su ex viceministro, calificando sus declaraciones de intento de "desacreditar" la gestión. En una entrevista, Cottani reiteró que la metodología revisada estaba lista desde mediados de 2024 y vinculó la polémica con sectores opositores y medios de comunicación que buscan "instalar temas" perjudiciales para el Gobierno.
Caputo también desestimó la influencia de Cottani, señalando que el ex funcionario "nunca antes dio entrevistas" y ahora "se la pasa deambulando por medios" para cuestionar la gestión. La controversia se intensifica con el cambio de conducción en el INDEC tras la salida de Lavagna y el nombramiento de Pedro Lines, cuyas repercusiones pueden afectar la percepción de los datos oficiales y las expectativas económicas.
