El femicidio de Érika Antonella Álvarez ha rocido el cerco mediático en la provincia de Tucumán y expuesto un sistema judicial que, según denuncias, opera con impunidad. Felipe Sosa es el principal imputado por el crimen, ocurrido entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero de 2026 en Yerba Buena. Según la autopsia, la causa de la muerte fue un traumatismo cráneofacial y cervical extremo. El cuerpo de la víctima fue hallado el 8 de enero en un descampado, embolsado y atado. La hermana de la víctima, Justina Gordillo, declaró que Sosa la amenazó tras la denuncia y que ambos se conocían por las fiestas que se realizaban en las casas del imputado. Pese a las pruebas y las declaraciones de testigos que incriminan a Sosa, la fiscalía es criticada por intentar rebajar la acusación de femicidio a homicidio simple, lo que generó una ola de indignación en la sociedad.