Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los 11.000.000 pesos en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles. El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales. La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal, descubrió un faltante de USD 10.000. Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo. A pesar de haber denunciado previamente el extravío de su tarjeta de crédito y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer. Ante la falta de respuestas iniciales, el vecino —quien padece problemas de salud— acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor. Allí se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger sus derechos. En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria presentó una oferta para cerrar el conflicto.