La Justicia de Chubut allanó oficinas vinculadas al exfuncionario Gonzalo Carpintero en el marco de una causa que investiga la presunta oferta de dinero a un dirigente sindical para impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública inició la investigación tras la denuncia presentada por el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche, contra un grupo de empresarios y exfuncionarios vinculados al kirchnerismo. La fiscal interviniente, Julieta Gamarra, dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría realizado la reunión en la que le ofrecieron un soborno a Severiche a cambio de que obstaculizara el comienzo de las clases. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad. Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial en un comunicado, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria. Según la denuncia, Severiche recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local investigado por presunta evasión, quien le indicó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. Carpintero ocupó distintos cargos en el Ejecutivo provincial, entre ellos director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete. Su trayectoria concluyó con una condena por corrupción. Tras el contacto telefónico, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. “Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró el sindicalista. En su denuncia, Severiche sostuvo que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que luego se realizarían “paritarias” para compensarlo si accedía. Allí, según consta en la presentación judicial, le solicitó “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”. “Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía”.