La muerte de Alexis Oscar Rogers, ocurrida en la puerta de Sutton, volvió a encender una alarma que en San Miguel ya no puede leerse como un hecho aislado. Cuatro patovicas quedaron detenidos por orden de la fiscal Lorena Carpovich, luego de que los primeros indicios apuntaran a una asfixia mecánica como causa del deceso. Sin embargo, este episodio reabrió una pregunta más incómoda: qué clase de controles se ejerce sobre la nocturnidad del distrito y cuánto se mira hacia otro lado hasta que ocurre una tragedia. Existe la sospecha de que Sutton, presentado como bar-restó, operaba en realidad como bailable, una ambigüedad clave que ahora debe ser esclarecida. La Municipalidad de San Miguel clausuró preventivamente el local y aportó cámaras a la causa. Pero el problema va más allá de este caso puntual. La historia del distrito muestra un patrón inquietante: en 2020 murió Lucía Costa Osores en el bar Zar Burgers; ese mismo año, 16 ancianos fallecieron en un geriátrico durante una evacuación por COVID; en 2023, dos adultos mayores murieron en un geriátrico clandestino en Muñiz. También se denuncia una carbonería sin habilitación que opera en zona residencial, afectando a vecinos con asma, a lo que la municipalidad hace caso omiso. El expediente por Sutton podría convertirse en algo más que una causa por homicidio, forzando una revisión política y administrativa sobre una cultura de controles que reacciona después de los hechos y no antes.
San Miguel: La muerte en un bar expone fallas de control sistémicas
La muerte de un hombre en la puerta del bar Sutton en San Miguel desató una investigación no solo del incidente, sino también del sistema de permisos y controles municipales. Una serie de tragedias locales señala un problema sistémico: las autoridades reaccionan solo después de que ocurren las catástrofes.
