En la ciudad argentina de Salta, en el marco de una causa que investiga la realización de aptos médicos irregulares para licencias de conducir, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fisales realizó allanamientos y detuvo a una mujer. Del cruce de datos surgió una diferencia de 3.477 certificados de aptitud que habrían sido cargados sin respaldo en atenciones reales. «Mientras se avanzaba en la investigación interna, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre, sin embargo, días después, se detectó la carga de seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario», destaca. Frente a este escenario, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para realizar un seguimiento de las operaciones financieras, la cual detectó una «importante desproporción entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos registrados en sus cuentas, con un flujo constante de transferencias provenientes de terceros que coinciden con personas incluidas en los listados de la clínica». La pesquisa inició luego de que la Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos, denunciara que se habrían validado como aptas a casi 3.500 personas. El escrito del Ministerio Público Fiscal provincial indica que la prestadora pudo constatar que se habrían validado como aptas a 3.477 personas sin la debida evaluación médica, por lo que de esta manera se dio inicio a una investigación por el delito de administración fraudulenta. De este modo, a partir del análisis de sistemas informáticos, la trazabilidad de cuentas bancarias y tareas de campo, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) solicitó allanamientos en tres domicilios, donde se incautó documentación y la detención de una empleada administrativa del lugar, quien fue trasladada a la Alcaidía General de la ciudad de Salta. La intervención de la Fiscalía se inició tras la acusación que realizó el 23 de diciembre pasado el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra la empleada, supo la Agencia Noticias Argentinas. De acuerdo con lo manifestado, dicha empresa es prestadora de servicios de estudios psicofísicos para licencias de conducir profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y durante las vacaciones de la acusada, «la supervisora del área advirtió que se habrían emitido recibos por prestaciones no rendidas al área contable y que, además, se habrían cargado en el sistema oficial de la Agencia (REPRE) certificados de aptitud correspondientes a personas que no habrían sido atendidas en la institución». A partir de ello, la clínica solicitó a la Agencia un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema.
