El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente la existencia de presiones y amenazas contra legisladores peronistas para que no apoyen la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La acusación se produjo pocas horas antes del debate clave en el Senado. Sáenz acusó a los senadores dialoguistas de priorizar intereses provinciales por sobre la estrategia nacional del peronismo, mientras que los gobernadores replican que no asumirán los costos económicos y sociales de una confrontación permanente con la Nación. En paralelo, el Gobierno desplegó una ofensiva política para consolidar apoyos. El sector peronista alineado con el kirchnerismo intenta cerrar filas para bloquear una ley que considera un límite político para el Presidente. Fuentes partidarias señalan que la presión interna ya tuvo consecuencias en distritos como Misiones, Salta y Jujuy. El mandatario salteño sostuvo que recibieron advertencias directas para no respaldar la reforma, bajo amenaza de perder el control de las estructuras partidarias. 'Lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores', afirmó, en una crítica que alcanzó a la dirigencia y a sindicatos reacios al cambio. La votación de la reforma laboral se presenta así como un test múltiple: para Milei, una prueba de liderazgo; para el peronismo, un examen de cohesión; y para los gobernadores y legisladores, una decisión con consecuencias que exceden ampliamente esta ley. Si bien evitó anunciar un paro general, la CGT busca condicionar a los legisladores indecisos y marcar un límite simbólico. En este escenario, Sáenz cuestionó abiertamente el modelo de conducción interna del peronismo. Aseguró que la conducción nacional del PJ estaría utilizando la posibilidad de intervenir partidos provinciales como mecanismo de disciplinamiento. Las declaraciones de Sáenz expusieron con crudeza la interna que atraviesa el peronismo. Según fuentes, existen advertencias de que medidas similares podrían replicarse en provincias como Tucumán o La Rioja si sus representantes acompañan la reforma. Para los integrantes de Convicción Federal, la discusión excede la lógica ideológica. 'Han sido amenazados con intervenirles el partido', afirmó. El eje de la disputa se concentra en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores con una relación tensa con la conducción del bloque peronista mayoritario. Este grupo, vinculado a gobernadores del interior, se convirtió en un actor decisivo. La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de las negociaciones, mientras la Casa Rosada intensificaba el diálogo con mandatarios provinciales. Se trata, mayoritariamente, de senadores de provincias con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda centrada en recursos y respaldo legislativo. El oficialismo admite que sin el acompañamiento de las provincias la reforma 'no pasa'. A la disputa política se suma la presión sindical. El apoyo de la senadora Carolina Moíses al oficialismo derivó en la intervención del PJ provincial. La reforma laboral es vista como una herramienta para atraer inversiones y sostener el empleo, más que como un símbolo de alineamiento político. Este enfoque pragmático choca con la estrategia del kirchnerismo, que promueve una oposición frontal. El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, enfocada en financiamiento y asistencia fiscal. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte tensión.
