Ataque a médicos en el hospital de Monte Grande expone crisis sanitaria en Argentina

Tras el episodio, el municipio informó que se duplicó la cantidad de efectivos policiales asignados y se fijó un móvil de guardia urbana en la zona, medidas adoptadas de urgencia frente al impacto público del caso y la circulación de imágenes que registraron parte de la agresión. Más allá de las respuestas puntuales, el personal médico describió una sensación de desamparo. Algunos profesionales cuestionaron el silencio de CICOP en este caso, mientras el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado de repudio en el que denunció la reiteración de ataques y advirtió que estos hechos, ya casi naturalizados, deterioran el sistema sanitario y afectan tanto al equipo de salud como a la comunidad. La médica llamó al 911, pero los agresores se retiraron antes de la llegada policial. La administración de Kicillof, según cuestionan sectores sociales y políticos, se mueve con reflejos ante episodios mediáticos, pero sin una estrategia integral que vuelva excepcional lo que hoy parece rutinario: que una guardia hospitalaria sea territorio de golpes, amenazas y caos. Mientras el Gobierno provincial exhibe anuncios intermitentes y discusiones políticas que orbitan alrededor del calendario electoral, el sistema público queda expuesto a una dinámica de violencia que avanza sobre los más vulnerables y sobre quienes sostienen los servicios de emergencia. Según los médicos, la presencia policial efectiva quedaba distante del foco de mayor tensión —la guardia— y los refuerzos municipales resultaban insuficientes o mal ubicados para actuar con rapidez ante un estallido. Desde la Municipalidad de Esteban Echeverría sostuvieron que el hospital contaba con seguridad y que el esquema combina a la Policía Bonaerense con guardias urbanos. El planteo de fondo es que la violencia no solo lastima físicamente a médicos y enfermeros: rompe el circuito de atención, frena guardias, expone a pacientes críticos y vuelve “zona liberada” a un servicio que debería estar protegido por definición. En ese marco, el caso de Monte Grande se inscribe en un cuadro más amplio de violencia urbana en el conurbano y de crisis de autoridad estatal en la provincia. La guardia explicó que el procedimiento dependía del cirujano convocado y que, en ese momento, se encontraban los clínicos. Según reconstruyó, un hombre irrumpió en el sector de descanso de médicos y exigió ser atendido. En Buenos Aires, la fractura no es solo la de una vértebra: es la de un contrato social que se debilita cuando el Estado no logra garantizar seguridad mínima en un hospital municipal. En hospitales, escuelas, estaciones y barrios, la agresión se volvió una herramienta de presión, un modo de descarga y una demostración de poder en contextos de espera, precariedad y hartazgo social. El caso derivó en una denuncia por lesiones y en una investigación para determinar responsabilidades e identificar a todos los participantes, mientras se verificaba el recorrido sanitario posterior de la paciente. La gravedad del ataque obligó a suspender la atención habitual del hospital y a limitar el servicio a emergencias con riesgo de vida. Puertas adentro, el personal subrayó que el episodio estaba anunciado: un mes antes, profesionales habían elevado una nota a la dirección del hospital y al municipio advirtiendo por agresiones crecientes, ingresos no controlados y la falta de condiciones mínimas de seguridad, además de señalar problemas edilicios en accesos y sectores de circulación. La situación se desbordó cuando el agresor tomó del brazo a Funes, la insultó y, al intervenir el jefe de guardia para ordenar la escena, se produjo la golpiza que terminó con el médico golpeado contra una puerta metálica y un matafuegos, antes de recibir otra trompada que le provocó un fuerte hematoma en un ojo. La violencia, de acuerdo con el testimonio de los profesionales, se incrementó cuando se sumaron otras personas vinculadas al mismo grupo. Mientras colegas intentaban resguardar al jefe de guardia, Funes recibió golpes en el rostro y luego fue atacada por dos mujeres que la tomaron del cabello y la agredieron en la cabeza, el cuello y la espalda. En el plano político, el caso reavivó críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof, señalado por priorizar la disputa electoral y la ingeniería de alianzas antes que una política efectiva de seguridad y protección en servicios públicos críticos. La médica neuróloga Agustina Funes, de 31 años, relató que el conflicto se inició por un reclamo de atención inmediata a una paciente que aguardaba una sutura. El episodio, ocurrido el domingo por la mañana durante el cambio de turno, dejó a una profesional con lesiones cervicales y dorsales, y al jefe de guardia con una fisura vertebral y hematomas faciales tras recibir golpes de puño. Pocos minutos después, el hombre y su pareja ingresaron por la fuerza al área restringida y comenzaron los gritos, insultos y empujones. La médica lesionada continuaba con dolor cervical y de espalda, con tratamiento por ART y controles médicos, mientras que el jefe de guardia fue sometido a estudios que confirmaron una fisura vertebral en la región lumbar con edema óseo, con indicación de reposo estricto y uso de corsé por meses, a la espera de definir si requerirá intervención quirúrgica. El episodio también reabrió tensiones gremiales y corporativas. Buenos Aires-13 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA. La agresión a dos médicos en la guardia del Hospital Municipal Santa Marina de Monte Grande volvió a encender alarmas sobre una violencia que se expande en la provincia de Buenos Aires, atraviesa instituciones esenciales y se naturaliza en el conurbano bajo un clima de impunidad. Para el personal sanitario, el ataque no fue un hecho aislado, sino la confirmación de un deterioro cotidiano que viene escalando sin respuestas estructurales. Sin embargo, el punto crítico es la ausencia de un plan provincial visible y sostenido que combine prevención, presencia operativa, sanción efectiva y resguardo de trabajadores esenciales.