La Municipalidad de General Pueyrredon difundió en su boletín oficial un decreto que autoriza la destrucción de expedientes consignados en un anexo. Esta medida administrativa suele disparar pedidos de detalle sobre qué documentación se elimina y bajo qué resguardo previo. Según la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se formalizó mediante el Decreto Nº 0222/26, que establece: “Autorízase la destrucción de los expedientes detallados en el Anexo I”. El texto publicado remite específicamente al Anexo I, donde se enumeran los expedientes alcanzados por la medida, que se convierte en el centro del debate por definir el universo de documentación que deja de estar disponible en soporte físico. En términos de control público, estas disposiciones suelen vigilarse por dos motivos: trazabilidad (qué se destruye, por qué y cuándo) y resguardo (si existe copia digital y cómo se garantiza la conservación de información relevante). El municipio publicó la medida, pero el impacto real depende de los detalles: áreas involucradas, antigüedad de los expedientes y si hay causas administrativas o judiciales vinculadas que exijan conservación. En Mar del Plata, donde las discusiones públicas suelen tensionarse con compras, obras y contrataciones, la publicación sobre destrucción de expedientes amplifica la demanda de máxima precisión documental y criterios verificables.
