La lógica detrás de este fenómeno es simple: si una cárcel puede funcionar como plataforma de llamadas para robar cuentas, pedir dinero o presionar víctimas, entonces el problema ya no es disciplinario sino de seguridad pública. En ese contexto, un punto especialmente sensible es que, al menos hasta el cierre de esta edición, no habían trascendido desafectaciones de autoridades de la prisión por el caso de la Unidad 35. En el caso de esta agencia, sin embargo, esos intentos no provienen de Magdalena, lo que refuerza una duda inquietante: ¿son miembros de inteligencia? El expediente judicial avanza sobre los internos y sobre la mecánica del fraude, pero la dimensión institucional del problema todavía aparece demasiado poco explorada en público. En paralelo, esta modalidad delictiva ya golpea también a ámbitos periodísticos. Total News Agency viene sufriendo intentos permanentes para obtener códigos de verificación y tomar control de líneas asociadas a su trabajo informativo, una presión constante que confirma hasta qué punto el robo de WhatsApp se convirtió en una herramienta para obtener información, en este caso de periodistas. El fenómeno está mucho más expandido que una sola unidad penitenciaria y opera sobre blancos diversos e intenciones diversas, desde magistrados hasta medios de comunicación. La caída del call center tumbero en Magdalena vuelve así a mostrar una verdad que el sistema bonaerense todavía no logró corregir: cuando dentro de una cárcel circulan celulares, señal y tiempo operativo suficiente para delinquir con método, la frontera entre encierro y calle se vuelve puramente formal. Entre las víctimas hubo dos jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, un dato que aceleró la pesquisa y dejó al descubierto una operatoria con planificación, rutina y logística interna. El caso se destapó cuando el camarista Luis Cayetano Cayuela denunció que le habían robado el control de su WhatsApp tras recibir un llamado por una supuesta encomienda. Los detenidos fueron Gabriel Nicolás Giménez, señalado como presunto líder, junto a Juan Manuel Acuña y Facundo Ponce, todos imputados por tentativa de estafa, acceso indebido a sistemas informáticos y uso indebido de datos. Pero el operativo dejó además una imagen que agrava la lectura institucional: en la cobertura del caso aparecieron referencias a antenas y dispositivos de refuerzo de señal dentro del establecimiento, una postal difícil de compatibilizar con un régimen serio de control penitenciario. La investigación del fiscal Patricio Ferrari, de la UFI de Ciberdelitos Zona Norte, determinó que tres presos realizaban hasta 30 llamadas diarias para quedarse con cuentas de WhatsApp, bajo modalidades que simulaban ser empleados de Andreani, técnicos de Movistar o supuesto soporte de la propia aplicación. El uso de teléfonos por parte de internos dejó hace tiempo de presentarse como una excepción sanitaria heredada del Covid-19 y empezó a ser leído, cada vez con menos eufemismos, como una grieta operativa por la que se filtran fraudes, amenazas y extorsiones. La ausencia de medidas visibles sobre la cadena de control interno deja abierta una pregunta incómoda: cómo pudo sostenerse una rutina de hasta 30 llamadas diarias desde un penal, con varios celulares y refuerzos técnicos, sin que eso derivara en responsabilidades administrativas inmediatas dentro del establecimiento. El problema, en rigor, no empieza ni termina en estos tres detenidos. En febrero ya había quedado bajo la lupa otro esquema de extorsiones montado desde cárceles bonaerenses que terminó vinculado al suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos. El proyecto conocido como “ley Rodrigo”, impulsado tras la muerte del soldado, busca terminar con ese gris normativo que dejó la resolución 476/20 y fijar un régimen mucho más estricto de comunicaciones bajo custodia. Y en marzo, con ese antecedente todavía fresco, se multiplicaron en la Legislatura bonaerense los proyectos para prohibir o restringir de manera severa el uso de celulares en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, incluso con pedidos de inhibidores de señal y derogación del protocolo habilitado durante la pandemia. Ese es, precisamente, el dato de fondo que vuelve más grave el episodio de Magdalena. Días después intentaron repetir la maniobra con su colega Juan Eduardo Stepaniuc, aunque esa vez el engaño no prosperó. Buenos Aires, 28 de marzo de 2026 – Total News Agency-TNA– La caída de una banda de internos que operaba desde la Unidad 35 de Magdalena como un verdadero call center de estafas volvió a exponer una debilidad estructural del sistema penitenciario bonaerense: el uso de celulares y conectividad desde el encierro para cometer delitos hacia afuera. Y cuando las respuestas siguen enfocadas solo en los ejecutores, sin tocar todavía con claridad la responsabilidad interna de control, el riesgo de repetición queda intacto. El análisis técnico de las líneas permitió ubicar el origen de las comunicaciones en una antena próxima a la cárcel de Magdalena, y el allanamiento posterior en el pabellón 7, celda 3, terminó con el secuestro de seis celulares, cargadores y tarjetas SIM.
