Argentina enfrenta uno de sus mayores escándalos sanitarios. En mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”. Aunque por el momento solo habría un lote contaminado, está la sospecha de que haya otros más. Los resultados demostraron que todos conocían la contaminación en las ampollas, que no hubo control, tampoco seguimiento por parte de las autoridades y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.
Frente a este desgarrador escenario, y al mismo tiempo en el que familiares realizaban marchas para justicia por sus seres queridos, el 20 de agosto el juez solicitó la inmediata detención de García Furfaro, sus hermanos, su madre, accionistas de ambas firmas y personal técnico, así como también fueron procesados. García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
La investigación comenzó con la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, que alertó sobre el hallazgo de dos bacterias (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp.) en las ampollas de fentanilo que podrían estar asociadas a muertes ocurridas en el centro médico. Desde entonces, allegados de más de 173 personas que murieron buscan obtener respuestas de si fueron víctimas del fentanilo contaminado. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, de Ernesto Kreplak, sumado a la incorporación de entidades como la ANMAT. Además, le ordenó a la firma el recupero del producto del mercado, distribuido a más de 300 hospitales, y la inhibición de producción en la planta de HLB Pharma “hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias”. En más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo.
Se trata de una investigación extensa donde se determinó que el empresario intervino junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en la adulteración del lote 31202”. “Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, remarca el escrito. Mientras los acusados continúan tras las rejas, se dieron a conocer declaraciones de suma importancia, así como informes por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que indicaron que en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”.
En paralelo, el Congreso presentó el informe final de una investigación especial que determinó que el Estado argentino no pudo garantizar la trazabilidad del fentanilo ni el control efectivo de los laboratorios. También que los hospitales ocultaron casos, que hubo documentación armada “a posteriori” y que los organismos de control actuaron tarde y de manera deficiente. Para la Comisión, las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes. Los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado. Se supo que Laboratorios Ramallo S.A., cuyas instalaciones elaboraron las ampollas, y HLB Pharma, pertenecientes a Ariel García Furfaro, recibieron varias alertas y prohibiciones de la ANMAT por incumplimientos y problemas en trazabilidad de otros medicamentos. Como primera instancia, se informó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de varios de los involucrados, y en allanamientos se hallaron 29 pallets de diversos medicamentos y una montaña de ampollas de fentanilo en el patio del laboratorio Ramallo S.A.