Escándalo en la AFA: Acusación de desvío de 400 millones de dólares

En un caso que mezcla contratos globales, sociedades en el exterior y presuntas triangulaciones financieras, Guillermo Tofoni sostuvo que el dinero recaudado por actividades de la Selección Argentina —potenciado de manera extraordinaria tras la consagración en Qatar 2022— debió ingresar a la AFA y no terminar, según su denuncia, en estructuras opacas con ramificaciones fuera del país. El planteo del querellante apunta al corazón del negocio: la explotación comercial internacional del seleccionado, que en los últimos años se convirtió en un activo premium del fútbol global por la combinación de título mundial, visibilidad planetaria y el imán comercial de Lionel Messi. Del lado de la conducción de la AFA, la reacción pública en episodios previos incluyó comunicados en los que se habló de “difamación” y se defendió la estructura contractual para el exterior, en un intento por encuadrar la controversia como una disputa interesada y no como un hecho penal. Más allá de la disputa política y mediática, el caso deja una certeza: el dinero que mueve la Selección Argentina es hoy demasiado grande como para que el control interno, la rendición pública y la trazabilidad queden librados a explicaciones parciales. Quienes defienden el esquema sostienen que la administración de cobros y pagos en el exterior puede responder a una lógica operativa y contractual. Ese punto es uno de los más sensibles de cara a la opinión pública: si la AFA recaudó cifras de esa magnitud, ¿dónde están registradas, quién las cobró, quién las administró y con qué controles? La denuncia sostiene que parte de ese circuito habría operado mediante entidades radicadas en el exterior y que también habrían intervenido estructuras financieras con base en Uruguay, con puntos de apoyo en Buenos Aires y Nueva York. El querellante ubicó como protagonistas centrales de la supuesta maniobra a la conducción de la AFA, con foco en su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, a quienes atribuyó un rol decisivo en la administración y validación de acuerdos. La investigación judicial por presuntas irregularidades en el circuito internacional de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a escalar este lunes tras las declaraciones del empresario Guillermo Tofoni, uno de los querellantes del expediente, quien afirmó que existen documentos capaces de probar un desvío de fondos por alrededor de US$400 millones hacia “cuentas fantasmas”. En su lectura, el problema no sería la existencia de contratos o el origen “legal” de los cobros, sino el destino final del dinero y su reflejo —o ausencia— en los estados contables. En ese recorrido, la lupa se posa sobre una firma: Tour Prod Enter LLC, sociedad constituida en Estados Unidos en 2021 que, siempre según los señalamientos del querellante y otras reconstrucciones periodísticas previas, fue designada como agente comercial de la AFA para el exterior y quedó habilitada para recaudar ingresos globales vinculados a sponsors, derechos y eventos. Tofoni describió a la compañía como un vehículo que habría concentrado cobros en el extranjero y, desde allí, habría derivado fondos hacia terceros sin actividad real o sin una contraprestación verificable. Si la Justicia logra ordenar el rompecabezas —contratos, bancos, intermediarios, beneficiarios finales y balances— el expediente puede transformarse en un hito sobre transparencia en el fútbol argentino, con impacto institucional y reputacional. En paralelo, en otra línea del expediente se mencionaron pagos a firmas de aviación privada y la necesidad de determinar si existieron prestaciones reales y a quién beneficiaron. En las últimas horas, además, se sumó una arista procesal que alimenta la tensión: presentaciones de las defensas para cuestionar el rol de la querella y pedir que Tofoni sea apartado como parte acusadora, un movimiento que, de prosperar, podría recortar su capacidad de impulsar medidas y de aportar material en la investigación. En su acusación, Toviggino aparece como una pieza clave por su función ejecutiva en el manejo cotidiano de fondos y por el control de la operatoria financiera, una condición que —según la querella— lo habría colocado en el lugar desde el cual “pasaron” los contratos y los pagos. El expediente, en términos prácticos, se apoya en un cruce de elementos: montos recaudados por partidos y contratos fuera del país, cuentas bancarias en jurisdicciones extranjeras, sociedades de destino y, sobre todo, la comparación con balances en los que esos ingresos no aparecerían asentados. Para Tofoni, la respuesta está en la combinación entre recaudación efectiva y la ausencia de registración local, un mix que —afirma— conduce a una conclusión obvia: el dinero “no está” en las arcas del ente rector. En el centro de la discusión aparece, además, el modo en que la AFA organizó la comercialización internacional desde 2021, en un contexto de restricciones cambiarias y complejidades para el ingreso de divisas. “La marca y los precios se multiplicaron”, argumentó Tofoni, al comparar el volumen bajo sospecha con el recordado escándalo del FIFA Gate. En reconstrucciones periodísticas difundidas durante los últimos meses se mencionó que el acuerdo contemplaba porcentajes relevantes sobre lo recaudado en el exterior y que parte de los fondos habría sido girada a sociedades sin trazabilidad clara, bajo conceptos genéricos de “servicios” y “logística”. En investigaciones previas vinculadas al mismo universo se mencionaron transferencias a sociedades registradas en Florida y domicilios comerciales que, por su naturaleza, encendieron alertas sobre la posible existencia de “oficinas virtuales” y compañías sin personal ni actividad. La causa también se complejiza por el entramado de actores que aparecen alrededor del contrato de Tour Prod Enter LLC, asociado al empresario Javier Faroni y a Erika Gillette. Y si no lo logra, quedará la herida que más duele en un país que vive pidiendo cuentas: la sospecha de que el mayor símbolo deportivo de la Argentina fue, también, un botín.