La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben reportarse obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin importar el monto, y defendió los controles internos del notariado. Tato explicó que los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo de lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario. "Si una operación me resulta sospechosa, no la hago", afirmó. En caso de persistir las dudas después de concretada la operación, el profesional tiene la obligación de realizar un reporte de operación sospechosa (ROS). También destacó la importancia de la protección de la vivienda como herramienta para resguardar el patrimonio, un derecho que se amplió en 2015 a las personas solteras. Finalmente, rechazó que la actividad notarial sea hereditaria y subrayó el estricto sistema de ingreso y la formación continua.
