La investigación patrimonial sobre Manuel Adorni empieza a entrar en una fase más delicada y concreta. Aunque el Gobierno siga mostrándolo en público como si nada ocurriera, el tono en Comodoro Py ya cambió: no se trata sólo de saber si Adorni viajó o compró, sino de determinar con qué fondos, bajo qué condiciones y si todo eso resiste un examen serio de legalidad y razonabilidad patrimonial. La semana que comienza puede resultar decisiva para ordenar el rompecabezas de viajes, propiedades y dinero que hoy compromete al funcionario más protegido por la cúpula del poder. A eso se suma otra línea de trabajo: determinar si hubo un trato diferencial o privilegiado en algunos movimientos migratorios del funcionario, sobre todo en el episodio de San Fernando y el vuelo a Punta del Este. La situación judicial de Adorni todavía está en etapa preliminar, y no existe una conclusión definitiva. Uno de los focos más sensibles está puesto en un presunto viaje al Caribe, con sospechas de que Aruba pudo haber sido el verdadero destino final de un itinerario que, en los registros migratorios, aparece fragmentado entre salida a Perú y retorno desde Ecuador a fines de 2024 y comienzos de 2025. Ese detalle, que por sí solo no prueba una maniobra ilícita, sí alimentó las dudas sobre la consistencia real de la operación y reforzó la decisión del fiscal de avanzar con más pedidos de prueba y con una reconstrucción patrimonial mucho más minuciosa. La lupa judicial ya no está puesta sólo en el viaje privado a Punta del Este, sino en una secuencia más amplia de desplazamientos, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros que buscan responder una pregunta central: si el nivel de gastos del funcionario y de su entorno familiar resulta compatible con sus ingresos declarados. El disparador original fue el vuelo a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, un episodio que abrió la primera grieta seria en la defensa pública del funcionario. La fiscalía quiere establecer si los viajes no oficiales, el estándar de gastos y las operaciones patrimoniales bajo análisis encuentran respaldo en los ingresos que Adorni declaró ante los organismos de control. A partir de ese material, la fiscalía busca ahora precisar escalas, destinos finales y modalidad de financiamiento de varios trayectos. También se está profundizando sobre la trazabilidad del dinero. Por eso, el próximo paquete de medidas apunta justamente a cerrar esos baches documentales. La causa no se limita a contar sellos en el pasaporte. Además, se ordenará una tasación para establecer si el valor declarado en las escrituras guarda relación con el valor de mercado de esos bienes. En la fiscalía de Gerardo Pollicita, con la causa delegada por el juez Ariel Lijo, ya obra un listado oficial de entre 15 y 19 movimientos migratorios del jefe de Gabinete desde 2023 hasta la actualidad, computados entre salidas y regresos, y este lunes se impulsarán nuevas medidas de prueba para terminar de reconstruir el mapa completo de esos trayectos, sus destinos finales y sus costos. Pero el expediente ya dejó de ser un ruido político pasajero para convertirse en una causa con acumulación de medidas, cruces documentales y nuevas derivaciones. En el caso del departamento porteño, la operación fue registrada por 230.000 dólares, pero distintas referencias inmobiliarias sostienen que el valor real podría ser bastante más alto. Uno de los puntos más incómodos del expediente sigue siendo la estructura financiera utilizada para comprar ese inmueble. Este miércoles 8 de abril deberá presentarse como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en ambas operaciones, un dato que para la fiscalía resulta especialmente relevante porque permite unir dos piezas patrimoniales en una misma trama documental. El problema es que ambas mujeres, consultadas por la prensa, negaron conocer a Adorni. En los registros figuran Beatriz Viegas y Claudia Sbabo como acreedoras de una hipoteca por 200.000 dólares, es decir, como aportantes del 87% del valor total de la operación. La sospecha judicial no parte de una condena anticipada, pero sí de una lógica básica de este tipo de expedientes: verificar si existe o no correspondencia entre ingresos, gastos, activos y estilo de vida. En paralelo, el expediente sobre los inmuebles de Adorni también suma presión. Bajo estudio siguen dos propiedades: una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y el departamento de la calle Miró, en Caballito. En ese punto, la investigación incluye también los movimientos de su esposa, Bettina Angeletti, sobre quien pesan otras preguntas sensibles: varios viajes a Europa realizados en solitario, la actividad de su consultora y la relación de esa firma con contrataciones vinculadas al universo de YPF, donde el jefe de Gabinete fue designado director. Según la información judicial que empezó a circular, el registro remitido por la Dirección Nacional de Migraciones incluye viajes oficiales y otros que no encuadran dentro de la actividad pública. Pero con el correr de los días el expediente se fue ampliando.
