El proyecto presentado por el diputado Eduardo Valdés para reclamar que Argentina se mantenga al margen de cualquier escalada militar con Irán volvió a instalar una discusión de fondo sobre política exterior, límites institucionales y seguridad nacional. En términos estrictamente constitucionales, el recordatorio sobre las atribuciones del Congreso tiene base normativa, pero Valdés olvida que Irán cometió dos atentados contra Argentina y que Milei no declaró la guerra al país persa. El kirchnerismo también arrastra otro lastre internacional que vuelve a emerger cada vez que sus referentes intentan dar lecciones de política exterior: su relación con la dictadura chavista. Es decir, el pacto más controvertido del kirchnerismo con Irán no sólo fue cuestionado políticamente: terminó judicialmente desarmado. La dimensión del problema se agranda todavía más cuando se mira el expediente de fondo. La administración de Milei declaró este año a la Fuerza Quds y luego al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas, incorporándolas al RePET. Puede discutirse el tono de la política exterior de Milei, pero también corresponde decir que el diputado habla desde una tradición política que dejó antecedentes muy difíciles de defender cuando se trata justamente de terrorismo iraní, de encubrimiento y de alianzas con regímenes autoritarios vinculados al narcotráfico. Con el paso de los años, exjerarcas del chavismo como Hugo Carvajal agregaron acusaciones aún más graves sobre financiamiento irregular a campañas kirchneristas. Algunas de esas afirmaciones siguen siendo materia de denuncia y controversia, no de condena firme, pero el cuadro general dejó una marca política duradera: la cercanía entre el kirchnerismo y el chavismo nunca fue un simple vínculo ideológico, sino una relación cargada de sombras, sospechas y episodios de corrupción transnacional. En esa tensión se mueve hoy el debate argentino: entre la firmeza frente a quienes atacaron al país y la reaparición de voces que, en nombre de la prudencia, parecen olvidar demasiado rápido con quiénes se negoció en el pasado. El kirchnerismo lo presentó entonces como una herramienta para destrabar la causa AMIA, pero la reacción de las entidades judías fue terminante. AMIA y DAIA, en su carácter de víctimas y querellantes, expresaron que el acuerdo no contribuía a la verdad ni a la justicia, y llevaron su rechazo a la Justicia. El Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán fue firmado en 2013 y aprobado con mayoría kirchnerista-peronista por la Ley 26.843. En 2007, un empresario venezolano intentó ingresar a la Argentina con casi 800.000 dólares no declarados, y fiscales de Estados Unidos sostuvieron luego que había existido una maniobra de agentes venezolanos para encubrir el origen y destino del dinero. Para una porción significativa de la sociedad argentina, ese doble estándar sigue siendo imposible de disimular. A ese choque de memorias y responsabilidades se suma el presente. La UFI-AMIA ya había sostenido que el ataque fue ideado y preparado por quienes entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. En ese contexto, el discurso de Valdés sobre la necesidad de “diálogo” con Irán suena, para muchos, demasiado cercano a una tradición política que durante años prefirió las componendas diplomáticas antes que llamar a las cosas por su nombre: terrorismo. El problema no termina ahí. El Gobierno recordó, además, que Ahmad Vahidi, uno de los iraníes requeridos por la causa AMIA, mantiene una alerta roja de Interpol y fue ascendido dentro del aparato iraní en lugar de ser entregado a la Justicia. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizó a Irán y a Hezbollah por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, y calificó esos hechos como crímenes de lesa humanidad. El legislador sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede comprometer al país en un conflicto bélico sin autorización del Congreso y cuestionó el alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos e Israel. En 2014, la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del memorándum, y en 2015 la Casación dejó firme esa decisión. La causa de la valija de Antonini Wilson quedó como uno de los emblemas de esa etapa.
