La incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino de organizaciones y entidades vinculadas al terrorismo reactiva sanciones financieras y restricciones operativas contra la estructura iraní. Fue presentada por la administración de Milei como un paso para saldar una deuda histórica con las víctimas del terrorismo en suelo argentino. La respuesta de Teherán fue tan previsible como agresiva. En su comunicado, la Cancillería recordó la “persistente negativa” iraní a cooperar con la Justicia argentina en la causa AMIA, el reiterado incumplimiento de órdenes de detención y extradición, y calificó como particularmente grave que figuras del CGRI requeridas por la justicia local ocupen cargos de alta responsabilidad. La decisión argentina no fue un gesto menor. La Oficina del Presidente informó el 31 de marzo que la medida se apoyó en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que atribuyen a altos funcionarios del régimen iraní y a operativos de la Guardia Revolucionaria participación en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994. El detonante inmediato fue la decisión del Gobierno de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino de organizaciones y entidades vinculadas al terrorismo. Se convierte en una señal política, judicial y moral de alto impacto: la Argentina decidió que con Teherán ya no se discute en los términos complacientes del pasado, sino desde una postura de confrontación abierta y memoria activa. Pero, más allá de esa lectura internacional, el movimiento tiene un contenido doméstico muy fuerte: la administración libertaria busca dejar asentado que, frente al terrorismo, no habrá ambigüedad, zonas grises ni diplomacia timorata.
